Mercado millonario e ilegal de carne, trasfondo del gusano barrenador”: exige Mario Vázquez se den a conocer empresas involucradas
El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles pidió que el gobierno federal aclare qué empresas están involucradas en la compra de ganado que entra de forma ilegal por la frontera sur de México.
En el tema del cierre de la frontera por parte de Estados Unidos, por el brote de gusano barrenador que ha venido avanzando, dijo que el problema tiene un trasfondo de protección de negocios millonarios en el contrabando de más de 800 mil cabezas de ganado ilegal que viene desde centroamérica y que cruzan por la frontera sur de México anualmente.
“Es un negociazo de grandes empresas que aprovechan la situación y que afectan al país, por lo que es necesario y oportuno exigir que el gobierno federal esclarezca la situación y que dé a conocer los nombres de las empresas compradoras de ese ganado ilegal”, sentenció el senador.
Habló sobre un mercado de tráfico de ganado que al cruzar se areta también con un tráfico de aretes y que una vez engordado termina incluso en rastros TIF e incluso a supermercados, poniendo en riesgo a la población consumidora. “Es la corrupción la que está provocando la expansión del gusano barrenador y que está provocando el cierre de la frontera con EUA”.
Calificó la situación como injusta para los ganaderos, especialmente para los de Chihuahua, los cuales hacen su trabajo bien y se esfuerzan por generar y producir ganado de calidad y que con este contrabando se pone en riesgo todo el estatus sanitario del país.
Vázquez Robles reiteró el llamado al gobierno federal para actuar sin escudarse en la supuesta presión política de Estados Unidos, sino que se asuma la responsabilidad ya que ha fallado en la coordinación para contener el gusano barrenador y asegurar la correcta trazabilidad de las reses.
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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