Dimite Fiscal ante fallo sobre FARC

EFE

Bogotá, Colombia.- El enfrentamiento entre la Fiscalía General de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desembocó este miércoles en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia de sus titulares, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con la principal guerrilla del país.

Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la nación, presentó su renuncia luego de que un tribunal creado como parte del proceso de paz bloqueara la extradición de un ex líder de las FARC requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", manifestó Martínez en un comunicado leído a la prensa.

En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz y que fue denegada hoy por la JEP con el argumento de que por falta de pruebas no pudo evaluarla.

"La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización", manifestó el tribunal de justicia transicional en un comunicado en el que explicó su decisión.

"El Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición", apunta.

Con base en ello, ordenó a la Fiscalía disponer la libertad inmediata del detenido, la cual reaccionó con rechazo.

"En adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas", dijo Martínez en su discurso de renuncia.

El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las FARC no serían llevados a la justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla.

Por eso la JEP aplicó "la garantía de no extradición" ya que, según explicó, la documentación remitida por el Departamento de Justicia de EU y por la Fiscalía no permite establecer la veracidad de la acusación de que Santrich tenía un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país, y menos si ocurrió después del acuerdo definitivo de paz.

Hace trece meses, cuando anunció la detención de Santrich, el entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el Fiscal General tenía pruebas contundentes y concluyentes de la participación del exjefe de las FARC en delitos de narcotráfico.

Por eso el fallo de este miércoles fue mal recibido por el Fiscal General, que minutos después sorprendió con el anuncio de su renuncia al cargo, que ocupaba desde el 1 de agosto de 2016, decisión que fue secundada por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien dimitió a continuación.

El fallo favorable a Santrich y la consecuente renuncia de la cúpula de la Fiscalía llevó al presidente de Colombia, Iván , a convocar una reunión de emergencia en la Casa de Nariño con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Interior, Defensa y Justicia, entre otros funcionarios, para analizar la situación y una vez concluya dará una declaración al país.

La Embajada de Estados Unidos tampoco se ha manifestado al respecto.

El Fiscal, que se había empeñado en sacar adelante la extradición de Santrich, afirmó que con su fallo, la JEP adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía" y hace trizas la cooperación judicial internacional.

Antes de convertirse en Fiscal general en 2016, Martínez fue un abogado clave del Grupo Aval, el grupo bancario más grande de Colombia.

Esto generó acusaciones de conflictos de interés sobre la investigación de un caso de soborno en torno al gigante de la construcción brasileño Odebrecht, que se había asociado con Aval para la construcción de una carretera.

Martínez ha sido acusado de proteger a su exempleador, Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país, y dueño de una de las empresas que está involucrada en la trama, lo que ha negado repetidamente.

"Se va el fiscal de Odebrecht/Sarmiento. Terrible historia escribió en la historia de las instituciones de la Justicia", opinó en su cuenta de Twitter el senador y excandidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro, uno de los más encarnizados críticos de la gestión de Martínez.

Con información de Bloomberg