Revelan disputa por gasoductos
ESPECIAL / Quinto Poder
Cd. de México (20 septiembre 2019).- Correos electrónicos exhiben la disputa que durante el pasado sexenio protagonizaron funcionarios de la CFE, la Secretaría de Energía y el Cenagas por el control de la operación de los gasoductos, cuyos contratos tuvieron que ser renegociados por el actual Gobierno, debido a que los consideró lesivos para el erario.
Mientras en la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) plantearon que los gasoductos debían ser operados y controlados por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), directivos de la CFE presionaron para que quedaran bajo su jurisdicción, según consta en los mails obtenidos vía la Ley de Transparencia.
Las diferencias salieron a relucir tras una reunión realizada el 30 de mayo de 2014. La CFE planteó una propuesta, pero la CRE advertía de errores y fallas que al final se ignoraron.
El domingo 1 de junio de 2014 a las 14:15 horas, Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos en la Sener, expuso en un correo electrónico: "El Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Energía y con la opinión de la CRE, podrá instruir al Centro Nacional de Control de Gas Natural, y de forma excepcional a una Empresa Productiva del Estado, que desarrolle infraestructura de transporte donde el mercado no pueda".
Melgar planteó incluso que el Cenagas desarrollara los ductos.
Ochoa reviró unas horas después, a las 16:47 horas: "según recuerdo no quedamos en que el Cenagas fuera quien desarrolle los ductos. Que (sic) quiere decir eso? Entiendo que el acuerdo fue que CFE y Pemex pueden seguir licitando ductos para cumplir con la Estrategia Nacional de Gasoductos 2030", dijo el entonces director de la CFE.
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, entonces comisionado presidente de la CRE, también cuestionó la estrategia de la CFE a las 20:50 horas, en la misma cadena de mails.
"El Cenagas debería ser el principal vehículo para la expansión de los ductos: en primer lugar, porque a diferencia de las Empresas Productivas del Estado, su función no es la creación de valor, sino la prestación de un servicio de manera regulada. Esto es fundamental cuando el propósito de la expansión es la gasificación de aquellas zonas donde el mercado por sí solo no podría desarrollar la infraestructura", escribió.
Ochoa respondió enseguida, a las 21:21 horas: "el modelo de que todo lo licite Cenagas me parece que resultará en un posible cuello de botella, con riesgos innecesarios para CFE. Viendo los resultados positivos que han arrojado las licitaciones de la CFE, no entiendo la justificación que tendrían para cambiarlo. If it Works, don't fix it. (Si funciona, no lo arregles)", escribió el ex dirigente del PRI.
Francisco José Barnés de Castro, ex Rector de la UNAM y ex comisionado de la CRE, intentó mediar, pero respaldó la idea de que en el corto plazo fuera el Cenegas quien licitara los contratos.
"(Ojalá esto sea bastante pronto) convendrá que la licitación la lleve a cabo el Cenagas, porque es lo que dará mayor confianza a todos los participantes de los mercados de gas natural y de electricidad y evitará suspicacias de que la CFE lleva mano en la capacidad del ducto o en los términos de acceso a dicha capacidad", dijo.
Pero las resistencias, continuaban.
En privado, Guillermo Turrent, subordinado de Ochoa, escribió a Barnés (en un mail que luego reenviaría a su jefe) para manifestarle que llevar al Cenagas a ser algo más que el gestor del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) era algo que no debían hacer por el momento.
La que finalmente adjudicó los contratos fue la CFE, que creó su filial privada CFE Energía el 11 de agosto de 2015 y dio todas las atribuciones para la supervisión de los contratos a Guillermo Turrent, cuya situación patrimonial es actualmente investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Turrent era ya el responsable de definir qué hacer para la planeación de gasoductos, los procedimientos de contratación de servicios de transporte de gas natural, las facultades para formalizar contratos y el seguimiento de los mismos en su etapa preoperativa, pues el antecesor de Ochoa, Francisco Rojas, emitió el oficio DG005/2014, el 24 de enero de 2014, que le instruía: "coordine y dirija el desarrollo de los proyectos de transporte que requiera la entidad".
Por eso, desde abril de 2014, Turrent, según los correos electrónicos obtenidos planteaba a Ochoa las "soluciones" para cualquier inconveniente a sortear, y ajustar conforme a su idea de lo que debía ser la Ley de Hidrocarburos.
Además de Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener y quien era partidario de las ideas de Ochoa y Turrent, Javier Estrada Estrada, entonces director general de Planeación e Información Energética de la Sener, se plegó a Ochoa, incluso con algo de miedo, según exhibe uno de sus correos al ex director de la CFE, del 21 de abril de 2014:
"En dos llamados me preguntaron el día de hoy si en la reunión de en la mañana entre Sener y la SHCP sobre el Programa Nacional de Infraestructura yo habría dicho algo en contra del plan de gasoductos de la CFE. Al parecer alguien te transmitió algo de ese estilo y tú te molestaste conmigo", le escribió Estrada.
Estrada, aclara, añadiendo que tiene testigos para confirmarlo, que "ni en esa reunión ni en ningún otro evento o reunión he dicho nada sobre los ductos de la CFE. De hecho, en los documentos que enviamos a la SHCP sobre el Programa Nacional de Infraestructura, integramos todos los proyectos de ductos que nos envió la CFE", le dijo.
Ochoa reenvía ese mail a Turrent, con el mensaje: "Ojo. Quien (sic) te dijo que Estrada estaba obstaculizando los ductos?".
Las adjudicaciones se realizaron a través de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, y no mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, o incluso la Ley de Obras Públicas, como hubiera correspondido.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que dichos contratos carecían de certeza jurídica. Pero sus observaciones no fueron atendidas por el contralor-auditor interno de la CFE, Gustavo Varela, quien permanece en el cargo.
Actualmente esa red de ductos funciona a menos de 10 por ciento de su capacidad y se desconoce el alcance de su subutilización en lo que corresponde a los ductos en Estados Unidos, que también estaban bajo el mando de Turrent, cuya situación patrimonial es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Actualmente la CFE y la Secretaría de la Función Pública investigan fallas y omisiones en los contratos.
Información de Italia López y Guillermo Cruz
Tips al momento
Denuncia IP simulación federal
Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.
Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.
Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.
No entiende que no entiende
De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.
No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.
La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:
A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.
C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.
El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz
Justicia, solo si se la piden a AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.
Coincidencias
Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".
López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?
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