Congreso de Nuevo León rechaza dictamen que pretendía adoptar un “PIN Parental” en la educación

El Congreso de Nuevo León rechazó el dictamen de reforma al Artículo 2 de la Constitución del estado, que daba derecho a los padres a seleccionar el tipo de educación que sus hijos pudieran recibir, mejor conocida como “PIN Parental”.

La decisión se tomó luego que el dictamen del Partido Encuentro Social (PES) no reuniera los 28 votos a favor, para ser discutida y votada en el pleno del Congreso.

Luego de más de tres horas de discusión, el “PIN Parental” sólo reunió 20 votos a favor, 12 en contra y nueve abstenciones.

Durante la sesión, los legisladores de Acción Nacional (PAN) solicitaban que la votación fuera nominal; sin embargo, los partidos de oposición lograran que fuera vía el tablero electrónico.

El dictamen fue propuesto por el Diputado Juan Carlos Leal, del PES, y buscaba que los padres de familia pudieran vetar contenidos educativos que transgredieran sus convicciones, religiosas, morales, éticas y sexuales.

“El Estado y la autoridad educativa estatal promoverá e impartirá la Escuela para Padres, como una forma de participación activa de los padres de familia, tutores o quienes ejerzan a patria potestad a fin de impulsar la corresponsabilidad en la educación de sus hijos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habría de darse a sus hijos”, señala uno de los párrafos que pretendían reformar el artículo 3 de la Constitución local.

La propuesta de dictamen generó rechazo en organizaciones civiles como laRed por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

A través de un comunicado esta semana, argumentó que esta propuesta permite que los adultos puedan impedir que infantes y adolescentes “reciban información científica y laica sobre educación sexual y desigualdades de género en el sistema educativo”.

La Redim aseguró que esta Ley es promovida por grupos antiderechos, jerarquías religiosas y legisladores de Nuevo León que “se alimentan de la ultraderecha española VOX, un partido político de reciente surgimiento que ha merecido en Europa el rechazo generalizado por sus posiciones machistas, xenófobas y fascistas a favor del franquismo”.

El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, añadió que el “PIN Parental” es un ataque hacia los avances constituciones que se han logrado en la entidad y que se estarían imponiendo visiones religiosas en la educación básica,  además de negarles auto protección ante violencia sexual o machista.

“Con argumentos falaces y pervirtiendo el sentido del derecho a la educación estos grupos de ultra derecha pretenden engañar a la ciudadanía sobre el importante rol de madres y padres de familia en la educación de sus hijos, que cómo lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, se lee en el documento.

También expuso que el “PIN” dejaría que los tutores “censuren” los contenidos a su criterio privando así a las niñas y niños de acceder a la información, con lo que se podría afectar a su desarrollo.

Además, denunció que esta propuesta sólo deja entrever que los grupos antiderechos consideran a las niñas, niños y adolescentes como “objetos de propiedad” y no como personas independientes.

“Los mismos grupos que callan de forma cómplice con los casos de Pederastia en las Iglesias, que se oponen a la educación sexual en la infancia y justifican la violencia machista con la idea de la “familia natural”, con grandes cantidades de recursos económicos sin transparencia logran financianciar su presencia en medios de comunicación”, declaró.

La Redim exigió al Congreso de Nuevo León actuar de acuerdo a la Constitución Mexicana y establecer límites propios de un Estado laico que permite la libertad de profesar cualquier religión sin imponer sus creencias sobre la ciudadanía.

Por´último, pidió al Gobernador Jaime Rodríguez vetar la modicación a la Ley de Educación estatal e hizo un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para unirse al pronunciamiento en contra de “esta grave violación al orden constitucional”.

Con información de Sin Embargo