Tips en Cascada, 11 de febrero 2019

Llama la atención para varios hasta dónde puede llegar la amistad entre el nuevo presidente del Poder Judicial de la Federación, el ministro Arturo Zaldívar y el ministro Eduardo Medina Mora, conocido por su cercanía con el ex presidente Enrique Peña Nieto y por haberle concedido una suspensión mediante controversia constitucional para evitar que la justicia de Chihuahua lo alcanzara con motivo de la Operación Justicia Chihuahua.

El presidente de la SCJN y funcionarios federales como Olga Sánchez Cordero, enviaron por redes sociales sus condolencias para su compañero y "amigo" Medina Mora tras el fallecimiento de su esposa y desde ahí, no faltó quien le recordara la intervención que tuvo el jurista para dar un amparo a Enrique Peña Nieto en contra de la justicia de Chihuahua y claro, surge la duda de que qué tanta cercanía tendrá el ministro con la Cuarta Transformación y qué tanto podría influir en los recursos legales que interponga el Nuevo Amanecer, ya sea en el caso Gutiérrez o en otros temas como el tan cuestionado Fondo Minero, no hay que olvidar que algunos ven la acción de Medina Mora como un mero revanchismo político en contra de Javier Corral por haber votado en contra a su nombramiento cuando era senador, al menos Gustavo Madero así lo dejó ver.
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No quiso la Arquidiócesis de Chihuahua reconocer la existencia de pederastia en su institución aun y con la detención del Padre Aristeo Baca en Ciudad Juárez por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. 

A la pregunta tácita del número de denuncias que acumula la Iglesia católica por abuso sexual, se dijo que no había conocimiento de ningún caso y hasta sorpresa les generó que organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas tengan registro de por lo menos 10 casos en la capital tan sólo en 2018. 

La Fiscalía General del Estado tendrá que dar a conocer el número de carpetas de investigación que tiene abiertas por casos de pederastia al interior de la Iglesia pues de lo contrario, estaría reconociendo que no da seguimiento a ningún caso de posible violación sexual y que por ende, protege a la Arquidiócesis de Chihuahua. 

La Arquidiócesis también tendrá que prepararse para recibir el impacto económico que le generará la detención del Padre Aristeo Baca pues el imputado, como encargado de una casa de asilo en la ciudad fronteriza ya había recibido la promesa del gobernador Javier Corral Jurado para crear una Unidad de Atención para Cuidados Terminales y muy posiblemente tendrán que nombrar a un nuevo encargado del espacio si es que quieren seguir contando con el Apoyo del Nuevo Amanecer.
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El priísta Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas se sumará al reclamo de Javier Corral Jurado por la modificación a las reglas de operación del Fondo Minero. En breve se espera caravana política a la Ciudad de México pues el mandatario se llevará consigo a los 20 alcaldes que se benefician del Fondo para el Desarrollo Sustentable para que cada uno interponga su controversia constitucional, el mandatario buscará ser oposición de Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta y posiblemente buscarán que le sigan la corriente gobernadores como Enrique Alfaro y las entidades panistas.
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Sigue sin haber justicia para Miroslava, a casi dos años de su homicidio. La detención por el presunto delito de extorsión de Edgar Salazar, hijo de Crispín Salazar expuso de nueva cuenta la falta de voluntad de las autoridades para avanzar en la investigación, tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Feadle quien ahora es la instancia responsable del seguimiento. 

A la fecha, no ha podido señalarse al grupo criminal de Los Salazar como autores intelectuales, tampoco se ha considerado imputar cargos a Alfredo Piñera Guevara, Hugo Amed Schultz y José Luévano, panistas que grabaron a Breach Velducea y luego entregaron los audios al narcotráfico. 

Javier Corral atribuye a gobierno federal el poco avance que se ha tenido en la investigación, e inclusive se reconoce como el más interesado en que se resuelva el caso pues dice que ya nadie reclama justicia para la ex corresponsal de La Jornada, ni medios de comunicación, ni amigos, ni siquiera la familia Breach pero a muchos no se les olvida que fueron los hermanos de Miroslava quienes en su momento denunciaron que el mandatario culpó a la periodista de su propio asesinato, por no haber dejado de investigar y exponer temas tan tenebrosos como la narcopolítica y saben que si la familia se mantiene en silencio es porque han visto su integridad expuesta, lamentable que teniendo conocimiento de esta situación se aproveche de ello a sabiendas que no habrá expresiones sobre el tema precisamente para evitar ponerse en peligro.
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Chihuahua no es la excepción en la lista de entidades federativas que adeudan millones al magisterio, con por lo menos mil 100 maestros pendientes de que se les pague la clave L desde los tiempos de Duarte y que según estimaciones del ex Secretario Pablo Cuarón Galindo, se necesitarían por lo menos 170 millones de pesos para quedar tablas con el gremio educativo. Habrá que traer a la memoria el paro laboral que por 12 días se llevó a cabo en las afueras del Palacio de Gobierno por docentes de la Sección 42 del SNTE que peleaban el pago de prestaciones que ya ni siquiera se reconocen por la Ley del Servicio Profesional Docente. 

La deuda de Chihuahua con el magisterio persistirá un rato más pues el Nuevo Amanecer dice que aunque quiera, no puede pagarle a los maestros una prestación que no se reconoce por la ley y dejó la bolita en la cancha de la Federación para que sean ellos quiénes resuelvan la situación, o quién sabe, a lo mejor y este compromiso también se lo adjudica el mandatario estatal pues anda muy presto a realizar proyectos que no le corresponden a él, como la reparación de tramos carreteros federales, apoyos a migrantes y las estancias de cuidado infantil. Y pobres maestros que no tienen defensa alguna de sus dirigentes sindicales sino, advierten, todo lo contrario.
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Omar Bazán tendrá que hacer un conteo de los militantes que aún tiene el PRI en Chihuahua pues dicen que Héctor Gutiérrez de la Garza, Secretario de Organización en el CEN ya comenzó a llamar a todos los comités directivos estatales y municipales del tricolor para que empiecen a hacer un censo de los priístas que todavía no se han ido a otros partidos o aspiran a formar el propio. 

No sería muy difícil para Omar Bazán censar a la militancia que le queda, algunos hasta se atreven a decir que alcanzaría a contarlos con los dedos de las manos pues ya son varios los priístas de antaño que en los últimos meses han presentado la renuncia al PRI y otros más ya la están alistando. Sólo para recordar a los que dejaron el tricolor por inconformidades con la dirigencia estatal podríamos mencionar a José Acuña Peralta que no hace mucho era dirigente sindical del Cobach y junto con él, se fueron 31 de los 33 secretarios regionales; Marco Quezada dejó las filas del tricolor con miras a formar su partido o lograr una candidatura en Morena y de manera similar ocurrió hace días con Eloy García Tarín quién ahora es dirigente estatal de las Redes Sociales Progresistas y trabaja de la mano con Juan Iván Peña Neder... para algunos la pregunta que surge es, ¿Cuántos en el PRI Chihuahua dejaron el partido por inconformidades directamente con la dirigencia estatal?
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Publicidad disfrazada de responsabilidad social es lo que denuncian algunos movimientos feministas con la iniciativa "Ni una más, ni una menos" y es que dicen que las empresas que se unen a la idea de ofrecer sus negocios como lugares seguros para las mujeres que se encuentren en riesgo solamente buscan hacer propaganda pues si en realidad tuvieran interés de ofrecer ambientes seguros para las mujeres, buscarían cursos y capacitaciones para evitar los empleados ejerzan discriminación y violencia por cuestiones de género, respetarían el periodo de gestación de sus trabajadoras y procurarían condiciones salariales sin distinción alguna. 

Algunas organizaciones como el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora se vio optimista con la iniciativa "Ni una más, ni una menos" pero no por ello dejan de advertir riesgos de que los mismos negocios que ofrecen ayudar a las mujeres en situaciones de riesgos terminen de alguna forma agrediendo incluso de manera inconsciente a las víctimas por lo que están dispuestas a impartir capacitaciones pro bono a aquellos empresarios que de verdad tengan la voluntad de procurar espacios seguros para las mujeres. 

No estaría nada mal, dicen los movimientos feministas, que las instituciones gubernamentales se acerquen a las zonas en dónde más registros hay de violencia contra las mujeres, allá por la periferia pues no se puede decir que hay apoyo de instancias como el Ichmujeres, el Inmujeres o el INM cuando la información que difunden no llega a las zonas prioritarias, esperemos que por lo menos Emma Saldaña Lobera y Ana Margarita Blackaller den respuesta al reclamo.
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El pasado 31 de enero se debió establecer la planeación estratégica del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción luego que cada uno de sus integrantes  enviara un oficio con respecto a sus acciones y tiempos, misma que se turnará a la comisión de selección para una nueva reunión  y quedar debidamente aprobado el plan de trabajo 2019.

La estrategia de la participación ciudadana hasta el momento se encuentra en la revisión de la base de datos de periodistas de organización de la sociedad civil, para ello abran de solicitar vía convocatoria voluntarios para la depuración entre personas de comité de vecinos, gremios empresarial y de escuelas de nivel Superior.
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Fueron tres de los integrantes del CPC, Liliana Ortega, René Moreno y Liliana Ochoa quienes serán los encargados de buscar prestadores de servicio con la universidad La Salle y con el Tec de Monterrey para iniciar con la depuración este martes 12, donde la Secretaría de la Función Pública ha quedado pendiente de enviar el aviso de privacidad que se  usará.

Anteriormente habíamos dado a conocer la intención de la convocatoria ciudadana para integrar por lo menos 30 testigos sociales en el estado y este trabajo lo encabezarán los comisionados Liliana Ochoa y René Moreno, en coordinación con Víctor Martínez de la Secretaría de Función Pública a fin de establecer la capacitación a entrenadores para la certificación de Testigos sociales.

A partir de esto se establecerá una ruta de trabajo como las cámaras y empresas de reconocimiento con responsabilidad social, para que sus empleados sean certificados como testigo sociales y puedan participar en las sesiones de seguimiento qué tiene que ver con su presencia en los procesos de licitación pública.

Hasta el momento no se tiene fecha de recepción para la revisión de la propuesta de la Ley de Fiscalización que ha apurado el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a los diputados locales, sin embargo ya se están comenzando con los trabajos para implementar el proyecto piloto de la contraloría social tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez de la cual  derivará una propuesta curricular a las escuelas de nivel medio superior en materia ciudadana; en esto trabajarán muy de la mano la organización Karewa y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para ser capacitados como testigos sociales.

La nueva Ley de Fiscalización sigue atorada en el Congreso pero por parte del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción se ha trabajado de manera importante tanto así que se tuvo la asesoría por parte del Usaid para establecer una agenda de las comisiones, quedando pendiente la socialización de lo que ahí se les expuso a los diputados. El auditor superior del estado Héctor Acosta hizo entrega al Congreso del plan anual de auditoría el cual contempla un total de 194 fiscalizaciones de los cuales 141 corresponden a entes municipales y 64 a entes estatales, son 108 de auditoría financiera 75 de obra y 11 de gestión.
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El procedimiento para el pago de escalafón horizontal para el personal de apoyo y asistencia a la educación vendrá a sustituir el “Bono a la Excelencia laboral del personal de apoyo y asistencia a la educación del 2018”, en el que ahora se valorará el mérito laboral, verificación en los centros escolares, asistencia y puntualidad, la vocación de servicio aptitud o habilidad una capacitación del personal con certificado, evaluación, diplomado o equivalente.

Se estipulará el número de beneficiarios y la forma de pago a los trabajadores manuales será de 4 días de sueldo base y sueldo tabulador; mientras que para los trabajadores sociales y prefecturas 5 horas de titulado de secundarias conformado por el sueldo tabulador, el material didáctico y el quinquenio correspondiente. Esta nueva forma de pago se dice qué vendrás a robustecer la labor y el empeño de los trabajadores de apoyo, púes se omitió en 2018  la integración de un órgano bipartito de evaluación entre la representación de la autoridad educativa local con el gremio magisterial que estará integrado por dos coordinadores, dos secretarios, dos vocales  y un árbitro.
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Esta semana se revive la polémica al interior de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) en contra de su rector, Guillermo José Álvarez Terrazas, derivado de presuntas retenciones de prestaciones, despidos y el posible cierre de la institución por falta de recursos.

Movilización sindical podría generarse en algunas empresas e instituciones de ciudad Juárez provechando como pretexto la manifestación sindical de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) por aquello de las nuevas responsabilidades laborales y de prestaciones que instruyó el nuevo gobierno y no se han cumplido.

Apenas en el mes de enero se hizo del conocimiento a AMLO del problemón en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) por retención y despidos y deducciones de supuesto “plan dental” que aplicó la rectoría a los trabajadores.

El rector Guillermo José Álvarez Terrazas fue denunciado en 2018 ante la Secretaría de la Función Pública de Stefany Olmos y hasta este momento no se dado resolución al respecto, por el cual se promovió amparo 998/2017 contra el Estado por los maestros Daniel de León Rodríguez; Encarnación González Dones; Francisco Javier Rodríguez Hernández y la profesora Yenci Carrillo, por supuesta omisión de resolver la demanda laboral según obra el expediente radicado con el número 58/2017.
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No hubo respuesta favorable por parte de la Secretaría de Hacienda para exentar el pago de revalidación vehicular a las trailas y remolques agrícolas, de acuerdo a la información que se presentó ante el congreso del estado a partir de esta propuesta que hizo el diputado de movimiento Ciudadano Arturo Parga, se confirma que el cobro se mantendrá aun cuando el argumento fue que el impuesto estos vehículos agrícolas son una herramienta de trabajo.

Y es que al parecer la Ley Federal del Registro Vehicular la cual regula la operación, funcionamiento y administración de Registro Público vehicular no considera vehículos a los automotores, remolques o semirremolques terrestres para uso agrícola sin embargo dentro de la ley de ingreso del estado ya se estableció aprobada por la legislatura el costo de actualización para su uso.
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Al Congreso del Estado llegó oficio por parte de la Secretaría Educación y Deporte en la cual se confirma el rezago de por lo menos 4 mil cédulas profesionales hasta el pasado mes de enero y tal parece que uno de factores del atraso tuvo que ver con incumplir de la renovación de contrato con empresa de cargada para la impresión de las micas, siendo una petición que duró en responderse varios meses.

No se da hasta que se hace del conocimiento público el despido de la  ex titular de la dirección Estatal de Profesiones Fátima Guzmán, pues esta semana se concluye con el proceso entrega-recepción en el que se responderá si hay o no faltante de 150 títulos profesionales, pues de acuerdo a la ex funcionaria se trata  de una campaña de desprestigio en su contra luego de haber renunciado supuesto acoso laboral ante la Secretaría de la Función Pública quien asegura que no hay irregularidades de qué acusarle, solicitando se le confirme por parte del área jurídica de la SEyD.