vFjaYl8Chihuahua.- En el proceso electoral de Chihuahua, que se inició el pasado 1 de diciembre, se juegan los procesos penales contra políticos de partidos cercanos al exgobernador César Duarte Jáquez, así como investigaciones por corrupción en el gobierno del panista Javier Corral Jurado.vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8En medio de las pugnas políticas se encuentra la extradición de Duarte, preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio de 2020, y es patente el distanciamiento del gobernador Corral con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador.vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8Con la crisis epidemiológica del covid-19, una sequía histórica en la región, una deuda pública preocupante y la guerra por el agua, los partidos del gobernador y el presidente, PAN y Morena, respectivamente, se han peleado de manera abierta.vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8Corral y su fiscal, César Augusto Peniche Espejel, hicieron públicos algunos nombres de la “nómina secreta” o “caja chica” que sostuvo César Duarte durante tres años para comprar complicidades y voluntades de legisladores de todos los partidos, así como a políticos, periodistas… y obispos. vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8A cinco meses de que se celebre la elección, cobra relevancia el caso de María Eugenia Campos Galván, la alcaldesa panista, con licencia, de Chihuahua, una de las precandidatas a la gubernatura por el PAN; el otro es el senador Gustavo Madero Muñoz. Los señalamientos contra Campos Galván han generado una fuerte división interna en su partido.vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8Otro personaje involucrado es el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar (expanista y exdirigente de Movimiento Ciudadano), quien intentó ser candidato a la gubernatura por el partido creado por el presidente López Obrador. No le favoreció la encuesta aplicada por el partido, por lo que impugnó el procedimiento.vFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8Fragmento del reportaje publicado en la edición 2306 del semanario ProcesovFjaYl8 Omnia.com.mx
vFjaYl8Con información de ProcesovFjaYl8 Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.