Tips en cascada 20 de noviembre 2021 

Jornada de inequidades para Chihuahua, que recibe dos golpes, el primero por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el otro vino del gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se declara inconstitucional y no puede cobrar por el derecho de alumbrado público, cobros excesivos e injustificados por el ejercicio del derecho de acceso a la información, imposición de sanciones administrativas que van en contra de la libertad de expresión, cobros indebidos por la obtención de permisos para realizar eventos sociales privados, impuestos por sanciones en perjuicio de la condición social o económica de las personas, cobro por el registro extemporáneo de los nacimientos.

A decir del regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Paco Turati, sólo en el Derecho de Alumbrado Público declarado como inconstitucional, Chihuahua capital dejaría de percibir alrededor de 165 millones de pesos al año, que se utiliza para pagar la iluminación de la ciudad y obligaría a que el municipio reoriente gastos en su Ley de Ingresos.

Para muchos este cobro del DAP era ilegal desde administraciones anteriores, pero ahora que el PAN sigue como gobierno no pareció, pero hay que destacar una resolución de la Corte es inapelable, así que no extrañaría un proyecto de iluminación con la iniciativa privada pero no como lo propusieron en 2109 con cargo al DAP porque ya es inconstitucional, así que lo que queda es recurrir a la ley de asociación público-privada.

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En relación al impuesto universitario y como en otros temas de interés de la UACH la rectoría no dijo nada para dejar que el Estado sea quien le arrope, ya se vio en temas de la ASF, subejercicios y subsidios en años anteriores, así que siguiendo la misma tónica Luís Fierro esperaría a que diga Maru Campos como ocurrió  con César Duarte y Javier Corral, en fin.

El asunto es sencillo  como para que un titular de un organismo salga a dar la cara, la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró también la inconstitucionalidad del cobro generalizado a los municipios del impuesto universitario del 4% adicional a los impuestos predial y sobre traslación de dominio.

Al parecer no le saben al tema, pues no es que no se pueda cobrar desde rectoría , pero no de manera general a los municipios por el predial o actualización catastral. Es decir no debe ser generalizado  este cobro, sino mediante convenio con cada municipio, pero al parecer no le entendiendo al resolutivo que no dudarían en aumentar el costo del semestre en vez de hacer su trabajo a detalle.

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El Municipio alista los medios jurídicos para defender el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que resulta un duro golpe a sus finanzas.

La preocupación que ha manifestado el alcalde Marco Bonilla no es para menos, pues con la eliminación de este cobro el municipio de Chihuahua dejaría de recibir 165 millones de pesos, lo que ha llevado a que se considere seriamente reestructurar el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, que se tiene ya listo y que será votado el próximo miércoles por el Cabildo para luego ser turnado al Congreso del Estado para su aprobación.

Entre 2020 y 2021, con la desaparición del Fondo Metropolitano, Fondo Minero y Fortaseg se han dejado de recibir 200 millones de pesos por parte del Gobierno federal de manera que se advierte que el continuar restando recursos impactará en los servicios que presta el gobierno municipal.

La postura del Alcalde es no quedarse con los brazos y analizar los medios con que se defenderá la autonomía fiscal del Gobierno municipal.

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La Auditoría Superior del Estado entregó los primeros “informes individuales” de 25 municipios los cuales fueron entregados de forma impresa y formato electrónico, por lo que la próxima semana se espera otro paquete de los  67 municipios. Se entregarán con todo y observaciones que se han propuesto antes del  15 de diciembre.

Aunque no es obligatorio que la ASE entregue los informes individuales o general el 15 de diciembre sino hasta el 15 de febrero, la Auditoría se adelanta y eficiencia. Los informes individuales y general, deben ser entregados a más tardar del año de la presentación de la cuenta pública, no obstante podrían entregarse hasta el 15 de febrero del año siguiente, sin embargo la ASE entregará el 15 de diciembre próximo.

Eso sí, las peticiones de agregados al plan de auditoría y el informe general se entregarán en enero del próximo año, donde se integran acciones y recomendaciones emitidas.

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Ante la incertidumbre de cuándo podrán salir en libertad los agricultores detenidos, para que lleven el proceso por el cual fueron vinculados y acusados de robo de vehículo, ataques a las vías generales de comunicación y por el delito de motín,  la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, declaró que el proceso no sería tan rápido como se había especulado desde la firma del acuerdo por parte de Gobierno Federal y Estatal, pues este proceso tendría que esperar por lo menos un largo tiempo, además de que el juez que está a cargo así lo decidió en la última audiencia celebrada al líder Andrés Valles.

Campos Galván afirmó que estarán pendiente de que se cumpla este punto del famoso acuerdo. Hay que recordar que al día siguiente de que se firmó este documento las instalaciones de la presa La Boquilla fueron liberadas por los agricultores y productores que mantenían guardia en dicho lugar, pero lo dudoso de este proceso es que ya se cumplió con una parte, pero la más importantes siguen esperando, además hay que resaltar que Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera estaba enterado del acuerdo pactado, según él se dio cuenta por medio de las noticias. Como que este pacto ya está muy dudoso de que se pueda cumplir.

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Quien se las está viendo muy negras es el  presidente de la emproblemada empresa Grupo Aras, pues el día de ayer se informó que tanto municipio y Estado estarían apoyando a los afectados, que se dice van más de 500 denuncias ya en contra de esta asociación. Por tal motivo ante esto dicha empresa ha estado entablando comunicación con las víctimas, mismas que dijeron les han ofrecido una mina ubicada en el municipio de Ascensión y que se les ha informado que ya no produce nada, misma que ARAS la están dejando como garantía del capital invertido por su desconocido mineral y el valor que pueda tener en el mercado.

Ante esto, Maru Campos ha girado la instrucción de que sean atendidos cada uno de los quejosos, pero como se ha dicho primero se tiene que revisar el contrato para saber por cuál vía es la que se estarían ejerciendo las querellas si son por mercantil, civil o dudosamente por la penal, ya que la mayoría de las víctimas aparecen como socios.

Esto es sólo en contra de dicha empresa, falta de agregar lo que pueda pasar con Fibra Milennium que va a la cabeza con el mayor número de carpetas de investigación y que las víctimas de ésta no han buscado el apoyo del Gobierno pese a que son mayoría.

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De nueva cuenta se vieron Pancho Salcido y César Jáuregui, a quienes se les ha visto muy juntos; el día de ayer dicen que  recinto oficial que  ya hasta se citan en pasillos. Que Salcido forma parte de los colaboradores de este lugar pues se le ve más recorriendo los pasillos que a los funcionarios, su principal tema entre ambos personajes es el alza al transporte, donde los líderes no quitan el dedo del renglón, debate que a decir por el secretario general de gobierno en los últimos 20 años no se le ha metido mano al transporte público para poder hacer cambios importantes que beneficien tanto a los ciudadanos como transportistas, acción por lo que se busca poder crear una reforma que permita se pueda cumplir, pues las administraciones pasadas no respetaban la ley, a la que la llamó letra muerta pues nadie la respetaba desde su punto de vista, habrá qué ver en cuanto tiempo aprueban la tan esperada alza, que podría llegar a estar en 11 pesos; un incremento bastante alto para cómo está la economía de los chihuahuenses.

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El contrato de garantía que ofrece Aras Business Group a los inversionistas que han sido afectados por el incumplimiento en el pago de dividendos, coinciden abogados en que no representa ninguna seguridad, al ofrecerse la promesa de compra-venta de acciones de la mina La Morita, de la que habrá de demostrar en primer término que realmente es propietario.

En el reporte del Servicio Geológico Mexico "El Panorama Minero", hasta el 2020 la concesión de la mina La Morita, proyecto de plomo, zinc y plata, pertenece a la empresa Camex, S.A. de C.V., y según ha trascendido, Aras hizo un contrato de pago, sin embargo debe demostrar que efectivamente son los propietarios de la mina, para dar esa garantía a los inversionistas.

Lo que da valor a una concesión son las reservas con las que cuenta, ya sea que opere o no opera, para lo que es necesario contar con un estudio de factibilidad económica del proyecto.

Así pues, el Grupo Aras además de demostrar que es propietario de la mina deberá probar su valor, que dependerá de las reservas minerales con las que cuenta y que resulta rentable extraer.

Entonces el primer paso para los afectados que tengan la tentación de firmar el contrato, deberá ser conocer la situación real de la mina.

Para abogados que representan a afectados, pareciera que no hay el ánimo de arreglar el problema y lo que busca la empresa es generar más tiempo, esto al no dar una verdadera y real garantía sobre los ahorros que invirtieron las familias chihuahuenses.