La 4T, un espectador de la violencia contra periodistas

Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García estaban en un vehículo estacionado frente a un supermercado cuando fueron acribilladas a balazos desde una moto, a media tarde del pasado 9 de mayo.

Aparte de su trágico final, ambas tuvieron en común el hecho de ser periodistas en México, considerado el país más mortal para ejercer esa labor fuera de una zona de guerra.

Mollinedo, de 45 años, dirigía la publicación El Veraz en el estado de Veracruz y había recibido amenazas anónimas por teléfono, reveló su hermano. García, de 24, trabajaba para el mismo medio, como reportera y camarógrafa.

Nadie ha sido detenido por sus homicidios, aunque las autoridades dijeron el pasado jueves que identificaron a presuntos autores materiales del crimen.

Con ellas, asciende a 11 la cantidad de periodistas asesinados en México en lo que va de este año, un saldo extraordinario incluso para este país.

Sin embargo, el subsecretario mexicano de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, sostuvo el jueves que «no hay ningún elemento» que sugiera que los homicidios de Mollinedo y García, así como el del reportero Luis Enrique Ramírez la semana anterior en Sinaloa, estén vinculados a sus trabajos.

Durante la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió además sin ofrecer pruebas que las muertes pueden relacionarse a «un tema de delincuencia organizada».

La actitud de las autoridades de México ante la ola de violencia contra la prensa se ha vuelto un motivo de crecientes críticas de reporteros, organizaciones internacionales y expertos.

«Es confuso el mensaje de respaldo a la prensa por parte del gobierno», dice Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una entrevista con BBC Mundo.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este abogado colombiano que ejerce el cargo desde octubre de 2020 y observa «soberbia» en las respuestas del gobierno de México a la comunidad internacional por la violencia contra la prensa.

¿Qué sabe hasta ahora acerca del asesinato de las dos mujeres periodistas del portal El Veraz el lunes en el municipio mexicano de Cosoleacaque?

La información que se tiene de momento es que se encontraban en un vehículo y fueron baleadas en circunstancias que no han sido esclarecidas por las autoridades.

Pero se enmarca dentro de lo que ya en mayúsculas se puede considerar una tragedia de violencia letal contra la prensa en México.

¿A qué se debe esta oleada de violencia?

Razones hay varias. Es una violencia contra la prensa normalizada a lo largo de los años. Lamentablemente no es un hecho disruptivo que asesinen periodistas en México. Es algo que se arrastra de gobierno en gobierno y hace parte de los temas centrales de discusión pública.

Si bien hay esfuerzos institucionales a lo largo de los años, lo que demuestran estos hechos es que esos esfuerzos son insuficientes para detener y revertir la letalidad de la violencia contra la prensa.

Uno de los factores más importantes es la impunidad de los crímenes contra la prensa, que según análisis de organizaciones locales está por encima del 90 por ciento.

Y la impunidad es grave no solo porque deja sin satisfacer el derecho a la justicia que le asiste a familiares, colegas y medios de comunicación, sino porque genera un clima de permisividad.

Y en términos de prevención hay un ambiente enrarecido, tóxico y contaminado de abundantes discursos públicos, que se emiten desde altas autoridades tanto a nivel federal como local, a través de los cuales se estigmatiza a la prensa: se resta deliberadamente relevancia a su rol en la democracia.

Estos mensajes pueden ser también entendidos como permisivos a las personas que están alrededor de esos liderazgos públicos para agredir a periodistas.

Muchos se preguntan quién mata a los periodistas en México: si es el narcotráfico o hay distintos intereses detrás de estos homicidios. ¿Tiene alguna respuesta?

No al nivel de esclarecimiento de la pregunta. Es una violencia que se está concentrando en territorios y por lo tanto valdría la pena analizar el estado del debate público y las denuncias de las y los periodistas asesinados.

Sí me parece importante ser claros en que no hay ningún indicio de que sean asesinatos atribuibles a autoridades federales.

Tras el homicidio de las dos periodistas el lunes usted tuiteó que «por convicción —o reputación— NO se puede tolerar que una democracia conviva con una carnicería de periodistas». ¿Por qué deben considerarse como algo especialmente grave los asesinatos de reporteros por su trabajo en un país como México, donde la violencia afecta a la sociedad en general?

Es muy importante aclarar que la protección especial de la labor periodística no es un privilegio; es en razón de la función que cumple la prensa en una democracia.

Primero porque el debate público, pieza fundamental de la democracia, muchas veces está animado y tramitado a través de los medios de comunicación.

Segundo: a la libertad de expresión y la libertad de prensa se le asigna un rol de derecho que facilita la garantía de otros derechos. Es imposible ejercer, garantizar y exigir cualquier derecho —a la educación, la vivienda, derechos sexuales y reproductivos o de poblaciones vulnerables— si no hay flujos de información al respecto.

Entonces estamos hablando de una labor fundamental para la convivencia pacífica, la democracia y los derechos.

Cuando atacan a un periodista, están afectando el derecho a una sociedad informada e inhibiendo el debate público.

¿Qué pueden estar pensando los colegas en las salas de redacción de los 11 periodistas que han sido asesinados este año? ¿Estarán con ánimo de continuar con algunos de los reportajes? ¿Sentirán confianza en la sociedad y las instituciones para seguir su trabajo?

Muchas veces la autocensura es un camino trágico también para la democracia, porque el miedo que se instala es muy difícil de revertir.

¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno de México a esta ola de violencia contra periodistas?

En lo que me ha correspondido a mí, el gobierno oscila entre ser un espectador de la violencia y un comentarista de la violencia.

Las veces que se ha podido ver como un espectador creo que no es claro el protagonismo y los niveles de responsabilidad, no en los hechos necesariamente pero sí en su solución.

Y cuando lo he podido apreciar como un comentarista de estos hechos de violencia, se transmiten tres mensajes: que no es algo atribuible al gobierno, que en la compleja arquitectura de la institucionalidad mexicana pueden asignarse responsabilidades frente a la solución no solo en el gobierno federal sino en otros órdenes de autoridades, y que hay un proceso de formulación de una ley que requiere de una reforma constitucional previa.

Esta ruta de reforma legal es ambiciosa, pero está en cierta manera desfasada en tiempos: cuando hay 11 asesinatos de periodistas en poco más de cuatro meses, el planteamiento es que habría que aguardar otros tantos meses para que apenas se empiece a presentar una ley a discusión.

Me parece que la palabra urgencia no está presente en las mesas de conversación del gobierno y sin embargo es una palabra en la cual se insiste desde la comunidad internacional y la sociedad civil.

Reconociendo esos esfuerzos, es un momento en el cual bien haría el gobierno en considerar tomar medidas adicionales y urgentes.

Sobre todo, en las respuestas que ha dado el gobierno a la comunidad internacional, en el ambiente hay un ingrediente importante de soberbia.

La soberbia en estos temas puede ser importante siempre y cuando las riendas que se tienen sobre la situación den resultados. Pero los resultados en este momento no están a favor.

Por lo tanto, esa soberbia ojalá pueda transitar hacia unos planos de conversación mucho más empáticos con el periodismo.

Usted dice que la situación se arrastra a lo largo de distintos gobiernos y que no hay indicios de que los asesinatos recientes de periodistas sean atribuibles a autoridades federales. Pero organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalan que en los tres años de gobierno de López Obrador ya hubo 36 periodistas asesinados en México, un 50% más que bajo sus antecesores. En este sentido, ¿cabe alguna responsabilidad del gobierno y del propio presidente por este aumento?

México es un estado que invierte recursos en la protección de periodistas, tiene programas de protección y fiscalías especializadas.

Están fallando en términos de efectividad y por lo tanto la llave de la solución está en el gobierno, tanto en la reconstrucción de confianza de los periodistas como de activar los engranajes institucionales para prevenir la violencia contra la prensa y judicializar a los responsables.

¿Entonces su respuesta es que sí hay una responsabilidad del gobierno y del propio presidente por este aumento de la violencia contra los periodistas en México?

En términos de lenguaje institucional, claro que sí.

Cuando hay casos de periodistas como Lourdes (Maldonado) y Margarito (Martínez), donde se logró documentar que habían tocado la puerta de instituciones previo a sus asesinatos reclamando protección o informando sobre su riesgo y que eso no haya derivado en medidas para evitar un desenlace fatal, amerita una reflexión importante sobre esta arquitectura sofisticada para proteger a periodistas.

Distintos periodistas en México reclaman a López Obrador que acabe con sus ataques a periodistas, a los que ha calificado como «mercenarios» o señalado en actos que denomina «Quién es quién en las mentiras». ¿Es posible vincular estas actitudes con el aumento de la violencia contra reporteros en el país?

Cuando inició el «Quién es quién en las mentiras» yo invité a su reconsideración.

No hay ningún marco internacional de derechos humanos donde sea permisible que los estados hagan una suerte de auditoría unilateral, de cierta manera caprichosa y con señalamientos tan fuertes como los que tiene [la conferencia presidencial de] las mañaneras.

Este llamado a reconsiderar no fue atendido.

Para mí hay una especie de hermetismo en la disponibilidad para conversar sobre un espacio disruptivo y que el periodismo señala que les afecta.

Pero ante todo es un espacio que envía mensajes confusos cuando se pone en el espejo de la violencia contra la prensa, en los que se requiere de reconocimientos a la importancia de la labor periodística por parte de las autoridades. El «Quién es quién en las mentiras» enrarece esos mensajes.

Y el volumen de las condenas frente a los asesinatos de periodistas no se comparece con el despliegue, la visualización y el impacto que tiene el contenido de las mañaneras.

Es una senda a mi juicio muy riesgosa, que no contribuye en absoluto a brindar confianza a los periodistas que quedan, además de tener fuertes incompatibilidades con el derecho internacional de los derechos humanos.

Es muy importante que el espacio «Quién es quién» de las mañaneras pueda cuanto menos suspenderse en un momento en que es confuso el mensaje de respaldo a la prensa por parte del gobierno.

El presidente López Obrador ha negado que haya «impunidad» en los asesinatos de periodistas en México y sostuvo que crímenes como los de las dos periodistas se investigan «a fondo». ¿Coincide con esto?

Hemos sido informados de algunas capturas en el marco de los asesinatos. Son avances importantes, sobre todo si se comparan con tiempos donde ni siquiera había este tipo de despliegue.

Pero en términos de satisfacción del derecho a la justicia, faltan al menos dos pasos. El primero es no solo dirigir los esfuerzos de investigación a la sanción de gatilleros o sicarios, sino el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurren estos hechos.

Esto implica identificar, procesar y sancionar autorías intelectuales y reparaciones integrales a las víctimas.

En esto, hasta donde tengo conocimiento, no ha habido avances significativos.

¿Cree que la comunidad internacional presta suficiente atención a este problema?

La comunidad internacional, particularmente la que sigue temas de violencia contra la prensa, está prestando bastante atención a la violenta situación en México.

Ahora, creo que la receptividad por parte de las autoridades a esa atención que se está prestando no ha sido la más cordial.

En estos temas no solo hay un deber ético, también se debe apreciar que la comunidad internacional esté preocupada por la violencia contra la prensa en México.

A mí me sorprende cómo no se entienden los mensajes que se vienen planteando desde distintos organismos como manos amigas que quieren ayudar a la solución de un problema muy serio.

¿Dice que no se entiende por parte del gobierno mexicano?

Para mí no es claro si es bienvenida la ayuda de la comunidad internacional en resolver un problema tan profundo y de larga data como este, en este momento.

Publicado por BBC News Mundo / Por Gerardo Lissardy

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Por: Diana Valenzuela

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