kYxZzyLKarla Quintana Osuna, ex Comisionada Nacional de Búsqueda, rechazó que exista la posibilidad de que una persona o institución pueda modificar para aumentar o disminuir la cifra de desaparecidos en el Registro Nacional, ya que de acuerdo a la ley, existen 700 personas e instituciones acreditadas con usuario y contraseña para acceder a la base de datos.kYxZzyL Omnia.com.mx
kYxZzyLDurante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien la acusó de actuar “de mala fe” y alterar los registros a la alza para perjudicar a su gobierno.kYxZzyL Omnia.com.mx
kYxZzyLLa académica y activista abundó que la CNB es solo una de 66 autoridades que registran información en la base de datos, la mayoría son las Fiscalías y Procuradurías estatales y las Comisiones locales de búsqueda y aclaró que es facultad de la Fiscalía General de la República mantener una base de datos y un Banco Nacional, pero como esta no ha cumplido a pesar de la ley y de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNB es por el momento la administradora y coordinadora de este Registro. kYxZzyL Omnia.com.mx
kYxZzyLPor su parte, Jacobo Dayán, especialista, investigador y académico, alertó sobre el nivel del subregistro de desaparecidos, ya que de acuerdo a solicitudes de información se ha logrado conocer que solo uno de cada seis desaparecidos que son reportados ante las fiscalías y procuradurías, son reportados al Registro.kYxZzyL Omnia.com.mx
kYxZzyLFinalmente, Quintana Osuna aseguró que en la actual administración existen más denuncias de desapariciones porque existe mayor confianza en la autoridad, también hay más personas que han aparecido y son al rededor de 85 mil, sin embargo apuntó que es evidente que es más complicado encontrar a las personas cuando ha pasado más tiempo desde el hecho del que han sido víctimas.kYxZzyL Omnia.com.mx
kYxZzyLInformación de MVS Noticias. kYxZzyL Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.