pKNt9I6Un juez federal le impuso a René Gavira Segreste, exdirector financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la prisión preventiva justificada por el uso ilícito de atribuciones y facultades.pKNt9I6 Omnia.com.mx
pKNt9I6El exservidor público deberá permanecer en el Reclusorio Norte, desde donde enfrentará el proceso penal por el desvío de 700 millones de pesos a través de la compra de certificados bursátiles de alto riesgo en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, la cual no estaba regulada, ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda.pKNt9I6 Omnia.com.mx
pKNt9I6Gerardo Genaro Alarcón, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, le concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) el cambio de la medida cautelar, luego de que el mes de marzo Gavira Segreste ya no compareció en uno de los procesos penales que se inició en su contra, por lo que se consideró prófugo de la justicia. pKNt9I6 Omnia.com.mx
pKNt9I6Durante la audiencia que se realizó este viernes, la autoridad ministerial solicitó el cambio de la medida cautelar, debido al riesgo que existe de que el exfuncionario evada la acción de la justicia.pKNt9I6 Omnia.com.mx
pKNt9I6El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que el exdirectivo de Segalmex tampoco cumplió con la medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días.pKNt9I6 Omnia.com.mx
pKNt9I6Información de MVS Noticias. pKNt9I6 Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.