Tramitan permisos ambientales para obra complementaria del Tren Maya, 10 meses después de iniciar los trabajos

Cancún, QRoo.- Aún cuando se iniciaron las obras desde junio de 2023, se ingresó 10 meses después a evaluación de impacto ambiental el proyecto del Recinto Ferial de Chetumal, también conocido como Parque Quintana Roo, en el cual se invierten 303 millones de pesos.

El proyecto consiste en un espacio de usos múltiples en donde se puedan realizar actividades al aire libre, tales como exposiciones temporales, actividades deportivas y observación de la naturaleza, contará con espacios como pabellón para exposiciones temporales, locales comerciales, canchas de usos múltiples, skate park, ciclo vía, trota pista, andadores explanada, juegos infantiles, gimnasio al aire, lienzo charro y carril de carreras parejeras, pensados para complementar la demanda de sitios de recreación y de reunión de los habitantes.

Lo anterior según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ingresada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 5 de abril.

El proyecto inició su construcción en julio de 2023, tal como consta en el comunicado de 865/2023 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano (Sedatu).

Para febrero del presente año, vía la red social X, el titular de esa dependencia, Román Meyer Falcón, anunció que estaban a punto de concluir las obras.

“Estamos a no más de un par de semanas de poder concluir estas labores, como pueden ver tenemos a más de 400 compañeros; 200 de día y 200 de noche, constantemente en esta obra para poder cumplir y poder entregar este espacio público a la comunidad de Chetumal”, se escucha en el mensaje en video del secretario del 9 de febrero de 2024.

El recinto se anunció como un complemento de los atractivos turísticos en torno a la ruta del Tren Maya en el sur de Quintana Roo, con inversión de 200 millones del gobierno federal, además de otros 100 millones por el costo del terreno aportado por el gobierno de Quintana Roo.

Sin embargo, al igual que ocurrió con las obras del Tren Maya, se inició la construcción sin que se contase con la evaluación de impacto ambiental, lo cual es un requisito de ley.

Lo que dice la ley

La Evaluación de Impacto Ambiental es el proceso por el cual la autoridad determina si un proyecto es viable o no en materia de impacto ambiental, y es el instrumento mediante el cual se exigen medidas para mitigitar los impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar una determinada obra.

“Cuando la Semarnat tenga conocimiento de que pretende iniciarse una obra o actividad de competencia federal o de que, ya iniciada ésta, su desarrollo pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, notificará inmediatamente al interesado su determinación para que someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda o la parte de ella aún no realizada”, se lee en el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental.

En el artículo 57 de la misma ley se consigna además que “en los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sin contar con la autorización correspondiente, la Secretaría ordenará las medidas correctivas o de urgente aplicación que procedan.

“Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las acciones civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad que en términos del artículo anterior procedan”, se añade en la ley.

En este caso, como en el del Tren Maya, tanto la Semarnat como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente omitieron la aplicación de estos preceptos legales y permitieron el curso de las obras hasta prácticamente su culminación sin que se midiese su impacto ambiental.

Con información de El Economista.

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De acuerdo al proyecto dado a conocer en esa alianza tripartita, ese porcentaje se incrementó a tres puntos porcentuales, por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública, de acuerdo con el informe “Democracia vulnerada”.

Destacan, de la importancia de estos análisis, que se encontró que es en el nivel municipal, es en donde más se presenta la violencia político - criminal, pues 77 por ciento de las víctimas pretendían un cargo en ese ámbito de gobierno, un dato que puede evidenciar la gravedad del problema es que, de las 1 mil 400 víctimas, la tercera parte aspiraba por alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Otro, también grave, es el que señala que la violencia ha provocado que las personas seleccionadas y capacitadas como funcionarios de casilla no se presentara y fueran sustituidas por las que se encontraban en los primeros lugares de la fila, por eso señalan, que por cada persona sea candidato o militante de un partido que fue atacada, hubo un aumento de casi el 1 por ciento de sustitución.

Señala que estos ataques reflejan que con un menor número de funcionarios capacitados, que no asistieron y un mayor número de sustituciones, se pierde el elemento ciudadano para la construcción de la democracia.

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