hvQ0E7iFrancisco Robles Ortega, Cardenal de Guadalajara, pidió a las autoridades federales escuchar a los manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial y recordó que estas expresiones de la ciudadanía deben ser tomadas en cuenta por el Presidente de la República y los legisladores de Morena y aliados que esperan aprobar la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados.hvQ0E7i Omnia.com.mx
hvQ0E7i“Ahí está una expresión de lo que parte de la sociedad piensa o quiere o espera. Aquí está una pauta para el nuevo gobierno. Un gobierno que llega al poder por el voto popular desde el momento que asume esa voluntad de la mayoría que lo eligió tienen que tomar conciencia que es un gobierno no sólo para quienes le dieron el voto; el gobierno es para todos los mexicanos. Entonces deberían ellos también atender, escuchar estas voces que divergen, que no están de acuerdo con la propuesta de la mayoría”, comentó el Arzobispo.hvQ0E7i Omnia.com.mx
hvQ0E7iEn tanto, el Cardenal señaló que un gobierno que ignora a un sector de la población puede correr el riesgo de beneficiar a un grupo, mientras olvida a otros, es decir, un gobierno de la mayoría frente a la minoría. hvQ0E7i Omnia.com.mx
hvQ0E7i“Un gobierno tiene que tomar en cuenta todas las voces, todas las minorías, de otra manera el gobierno tiene el riesgo de constituirse gobierno para unos y no para otros, que favorece a unos y que deja de lado a otros […]. Entonces es importante que quien está en el gobierno asuma que sí, la mayoría lo eligió y que son auténticos gobernantes elegidos, pero desde el momento que lo aceptas, ser gobernante, es para todos, para todos los mexicanos. Para proteger sus derechos, su integridad física, sus intereses. Gobernar para todos”, agregó.hvQ0E7i Omnia.com.mx
hvQ0E7iRobles Ortega también recordó que hay zonas y estados del país que han sido abandonados por el Gobierno Federal y, en su lugar, han llegado grupos del crimen organizado que se han apoderado de estas entidades y han obligado a los habitantes a huir de sus hogares.hvQ0E7i Omnia.com.mx
hvQ0E7iCon información: El Informador.comhvQ0E7i Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.