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Sheinbaum contradice a Rocha Moya por cancelación de feria ganedera en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no era necesaria la cancelación de la Feria Ganadera 2024 de Sinaloa; la presidenta Claudia Sheinbaum reparó sobre el anuncio del gobernador Rubén Rocha, en lo que se evidenció falta de comunicación del mandatario estatal.

La cancelación se planteó en el contexto de la aparición de una “narcomanta” que advertía al mandatario estatal, Rocha Moya, atenerse a las consecuencias de continuar con ese evento. 

“No se va a suspender la feria. Narcomantas como sabemos los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad”, dijo en un inicio Harfuch. 

La jefa del Ejecutivo Federal comentó: “Justo acabo de estar en la región y hasta ahora la feria parece que se va a desarrollar a menos que disponga otra cosa el gobernador”.

Por parte de la prensa se le mencionó que Rocha ya había cancelado la feria, decisión que aparentemente no le informó a la presidenta, por lo que respondió: “Lo hablamos con el gobernador”.

Después, la presidenta reparó: “Me quedé pensando en lo de la feria. Ahí es lo que decida el gobernador, si él decidió que va a haber feria lo vamos a apoyar.

Más adelante se le insistió sobre el tema: 

-¿Que se cancele no es un golpe a la estrategia de seguridad? 

-No, son decisiones que se toman en el momento, para decidir por parte del gobernador. Ahora me voy a comunicar con él para conocer…

El gobernador Rubén Rocha declaró en las últimas horas que el evento se suspendía por varios factores que podrían generar violencia, entre ellos los cantantes de corridos.

Con información de proceso.com.mx

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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