Morena olvida que Corral dejaba a los policías sin gasolina, hoy Maru da viabilidad en seguridad, salud y educación: Alfredo Chávez
El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, señaló que el presupuesto 2025 cuenta con el rubro de servicios generales pero Morena no dice que este recurso es para policías, prestaciones, médicos personal de salud, de educación y seguridad.
“Claro que hay gastos de servicios generales, pues claro que hay gastos de servicios generales, nomás que no dicen qué servicios generales son”, señaló el legislador.
Informó que los policías estatales tienen bases salariales, prestaciones. A los maestros del estado de Chihuahua, se les está pagando a tiempo. A los médicos se les estamos pagando a tiempo, “hemos incrementado también la parte del estado de fuerza de la policía estatal, claro que hay un incremento en ese capítulo, pero no es de burócratas, es justamente de gente que le da servicios a los chihuahuenses”.
“Por supuesto que hay gastos y por supuesto que le estamos dando viabilidad al gobierno… lo digo bien claro porque a veces se nos olvida, el morenista Javier Corral dejó a la policía estatal sin gasolina, sin seguridad social a los policías y bueno, hoy pues tenemos ya la posibilidad de darles base salarial y tenemos posibilidades, condiciones mejores salariales a nuestros policías”.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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