Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de violencia política de género al inicio de su campaña, señalando como responsable a Luis Rubén Maldonado, propietario del medio de comunicación Plan de Vuelo MX. La agresión motivó a Aguirre Bonilla a presentar una denuncia formal ante el INE, lo que derivó en un proceso especial sancionador que concluyó recientemente con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su mensaje, Aguirre Bonilla informó que el tribunal determinó la existencia de violencia política de género en su contra y sancionó a Maldonado con una multa económica, además de imponerle medidas de reparación del daño, entre las que destaca la obligación de emitir una disculpa pública en su portal digital, la cual deberá permanecer visible. Asimismo, el tribunal ordenó que el agresor asista a cursos especializados en erradicación de la violencia política de género y lo incluyó en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La candidata hizo un llamado a todas las mujeres que participan en procesos electorales a denunciar este tipo de agresiones por las vías legales correspondientes, más allá de las redes sociales.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.