
En Durango aparecieron volantes, en los que se acusa a varios políticos, mandos policiacos y personas públicas de conformar una red de servicio al narcotráfico.
Este fin de semana se encontraron en al menos tres municipios de la entidad, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y zonas serranas de Durango, algunos volantes o panfletos distribuidos aparentemente por grupos criminales pertenecientes a “Los Chapitos”.
La gente de ‘Los Chapitos’ habría arrojado vía aérea los panfletos que cayeron en comunidades de las zonas serranas de Durango.
En ellos, exhiben a 29 funcionarios que presuntamente mantienen nexos y trabajan bajo el mando del grupo criminal operador en Durango, encabezado por los hermanos Alejandro Cabrera Sarabia, alias “El 02”, José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 02 bis” y por Ramón Peña Pérez, alias “El 22”, facción de “La Mayiza”.
A través de publicaciones en redes sociales se reportaron estos panfletos, que señalan a autoridades de los tres niveles del gobierno.
¿Qué funcionarios aparecen en los volantes de “Los Chapitos”?
En los volantes se puede observar al gobernador, sus mandos policíacos, así como a mandos de la SEDENA, Guardia Nacional y FGR asignados en el Estado. También a alcaldes de los gobiernos municipales de Gómez Palacio, de Santiago Papasquiaro y Durango. Incluso hay empresarios mencionados pertenecientes a la industria Chilchota, y líderes sindicales.
Durango es una región donde mayormente opera la fracción de ‘El Mayo’ Zambada, teniendo al frente a la familia Cabrera Sarabia. El Estado también es parte del Triángulo Dorado de la Droga, junto con Chihuahua y Sinaloa.
Hasta ahora las autoridades duranguenses no han hecho declaraciones al respecto.
Algunos políticos duranguenses, como la senadora Margarita Valdez había hecho solicitado que el operativo Enjambre, se extendiera a toda la República incluido el estado de Durango, “Yo, sí me preguntaran, propondría que llegara” a Durango y que se empiecen a detectar a quienes fomentan o cobijan a esos malandros", declaró.
Con información de El Financiero


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
