Seis de cada 10 mexicanos confían en los jueces y magistrados: Inegi
DcBgvPaEn México, el 60.5% de la población mayor de 18 años confía en los jueces, un aumento de 6.8 puntos porcentuales desde 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).DcBgvPa Omnia.com.mx
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DcBgvPaEn siete estados, la confianza en las personas juzgadoras superó el 70%: Sinaloa, Campeche, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En contraste, la Ciudad de México mostró los niveles de confianza más bajos en el periodo analizado.DcBgvPa Omnia.com.mx
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Más de 6,700 jueces y magistrados en México en 2023
DcBgvPaEn el marco del Día de las Personas Juzgadoras en México, celebrado el 7 de marzo, el Inegi presentó datos sobre el número de jueces y magistrados, los asuntos ingresados en tribunales y la percepción ciudadana sobre estos profesionistas.DcBgvPa Omnia.com.mx
DcBgvPaAl cierre de 2023, había 6,730 personas juzgadoras en los órganos jurisdiccionales federales y estatales del país, con una tasa de 5.1 por cada 100 mil habitantes. Entre 2010 y 2023, el número de jueces y magistrados aumentó 34.6%.DcBgvPa Omnia.com.mx
DcBgvPaA nivel federal, se registraron 1,632 jueces y magistrados, de los cuales el 29.4% eran mujeres. En el ámbito estatal, de 5,098 personas juzgadoras, el 44.1% eran mujeres y el 55.9%, hombres. La participación femenina creció en ambos niveles durante el periodo analizado. DcBgvPa Omnia.com.mx
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DcBgvPaLa tasa de jueces en tribunales estatales fue de 3.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el ámbito federal fue de 1.2. Campeche registró la tasa más alta (10.5), seguido de Chihuahua y Baja California Sur (7.5). Por el contrario, Nuevo León (2.5), Puebla (2.3) y Chiapas (2.1) tuvieron las tasas más bajas.DcBgvPa Omnia.com.mx
DcBgvPaEn cuanto a la especialización, en Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Querétaro, más del 50% de los jueces atendieron asuntos civiles y mercantiles. En siete estados, la mayoría resolvió casos penales y de justicia para adolescentes:DcBgvPa Omnia.com.mx
- Tabasco
- Baja California
- Chihuahua
- Hidalgo
- Zacatecas
- México
- Tlaxcala
DcBgvPaAdemás, en Baja California Sur, Coahuila y Sonora, más del 10% de jueces atendieron asuntos laborales, reflejando avances en la reforma en esta materia.DcBgvPa Omnia.com.mx
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Más de 2.2 millones de asuntos ingresaron a tribunales en 2023
DcBgvPaEn 2023, los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron 2,281,806 asuntos. El 41% correspondió a la materia familiar, mientras que el 11.2% estuvo relacionado con la justicia penal y penal para adolescentes.DcBgvPa Omnia.com.mx
DcBgvPaSin embargo, la distribución de jueces no fue proporcional a la carga de trabajo, ya que de las 5,098 personas juzgadoras en tribunales estatales de primera instancia, solo el 13.4% atendió casos familiares, mientras que el 36.4 % se enfocó en asuntos penales y de justicia para adolescentes.DcBgvPa Omnia.com.mx
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DcBgvPaCon información de: La silla rota.DcBgvPa Omnia.com.mx
Tips al momento
Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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