4vwwjF8La tragedia de las personas desaparecidas “es una herida abierta” que duele a los mexicanos, por eso es perverso que “la derecha” haya montado una campaña con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, para responsabilizar y golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, consideró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.4vwwjF8 Omnia.com.mx
4vwwjF8El senador expresó su solidaridad a quienes buscan a un ser querido desaparecido, por lo que refrendó su compromiso para ayudar a frenar estos crímenes, para que se aclaren los casos y para que, idealmente, esos seres queridos regresen con vida al seno de sus familias y de sus hogares. 4vwwjF8 Omnia.com.mx
4vwwjF8Además, en un mensaje que difundió en redes sociales, Fernández Noroña reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó la semana pasada que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Teuchitlán: “la verdad saldrá a la luz, la investigación arrojará qué pasó realmente allí, de qué dimensión es lo que haya sucedido y no habrá impunidad”. 4vwwjF8 Omnia.com.mx
4vwwjF8El tema de los desaparecidos en México, insistió el legislador, es una tragedia, una herida abierta, pero hay quien confunde la desaparición forzada, que es un delito todavía más grave, porque es la que comete el Estado, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde diversas fuerzas de seguridad intervinieron para desaparecerlos.4vwwjF8 Omnia.com.mx
4vwwjF8Pero a lo largo y ancho del país, agregó, también hay personas desaparecidas, probablemente por el crimen organizado, por diversas razones; a algunas se les localiza, en otros casos sus familiares siguen con el dolor, con la tragedia encima, con la desesperación de no encontrarlos.4vwwjF8 Omnia.com.mx
4vwwjF8Con información de la-guardia.com.mx4vwwjF8 Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.