Juez falla contra Greenpeace en un millonario juicio que pone en jaque las protestas climáticas en EU

Un jurado de Dakota del Norte condenó a Greenpeace a pagar una millonaria indemnización en concepto de daños y perjuicios a una empresa energética que demandó a esta ONG por protestar contra la construcción de un oleoducto, un caso que desafía el alcance de la libertad de expresión en Estados Unidos.

El veredicto es un duro golpe para el grupo ecologista, que fue demandado por Energy Transfer (ET), operador del oleoducto Dakota Access, de orquestar una campaña de violencia y difamación en su contra.

"Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso", dijo la compañía.

"Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace".

Greenpeace denunció que este caso tenía como el objetivo de "silenciarla".

Hace casi una década, la tribu sioux de Standing Rock protagonizó una de las mayores protestas de la historia de Estados Unidos contra la construcción de un oleoducto.

Cientos de manifestantes en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas.

A pesar de que entró en funcionamiento en 2017, Energy Transfer siguió adelante con las acciones legales contra Greenpeace. Primero recurrió a un tribunal federal, donde pedía una indemnización de 300 millones de dólares, demanda que fue desestimada.

“No se puede llevar a la quiebra a Greenpeace”

La directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman, dijo que el grupo ecologista planea apelar la decisión por la que un jurado de Dakota del Norte lo condenó a pagar más de 660 millones de dólares de indemnización a una empresa energética.

"La realidad es que no se puede llevar a la quiebra a un movimiento", dijo.

"Estamos impulsados por la gente, no aceptamos financiación corporativa ni gubernamental, estamos totalmente sostenidos por individuos que dan pequeñas cantidades de dinero... la gente que impulsa organizaciones como Greenpeace... no puedes llevarlas a la bancarrota", agregó Sushma Raman.

 

 

Con información de: El economista.

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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.

Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.

Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así, de esta manera,  el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.


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