EU suspende financiación de asistencia legal para menores migrantes
Este viernes medios locales estadounidenses informaron que la administración del presidente Donald Trump, ha cerrado las agencias de vigilancia interna, pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que está bajo el mando de Kristi Noem, quienes defendían los derechos de los migrantes, incluida la representación legal de menores indocumentados.
Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, declaró que se ha emitido una orden para la "reducción de personal" de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Las agencias que se encargaba de gestionar las quejas y problemas del sistema de inmigración, como el trato de menores migrantes, las condiciones de las retenciones, las demoras en los trámites de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía, y cuyos datos e informes eran utilizados como base para los comités de supervisión de la Cámara de Representantes y el Senado, solo contaban con 300 empleados de los aproximadamente 260 mil trabajadores del DHS.
Según un memorando obtenido por ABC News, a las organizaciones que colectivamente reciben más de 200 millones de dólares en subvenciones federales se les dijo que el contrato fue rescindido parcialmente, poniendo fin a la financiación para la representación legal y para el reclutamiento de abogados para representar a los niños migrantes.
El único financiamiento que queda del contrato es para las presentaciones informativas "Conozca sus derechos" que se brindan a los niños migrantes no acompañados en los centros de detención.
"El gobierno se reserva el derecho de rescindir este contrato, o cualquier parte del mismo, por conveniencia propia", indica el memorando. "En caso de rescisión, el contratista deberá suspender inmediatamente todos los trabajos aquí estipulados y dispondrá inmediatamente que todos sus proveedores y subcontratistas cesen sus trabajos".
Actualmente, 26 mil niños migrantes reciben representación legal gracias a esta financiación.
"El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación", declaró McLaughlin. "Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del Departamento: la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias".
McLaughlin alegó que las tres oficinas "han obstruido la aplicación de la ley migratoria al agregar obstáculos burocráticos y socavar la misión del DHS".
"En lugar de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones", dijo.
Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la medida el viernes y dijeron en un tuit que la administración está "eliminando otra oficina que podría exponer sus acciones ilegales e inconstitucionales".
Con información de: Informador.mx
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La nueva ley, que fue aprobada en fast track, fue iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y le concede amplias facultades y poderes a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de reciente creación en este gobierno y cuyo titular es José Merino.
Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.
Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.
Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Así, de esta manera, el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.
Llaman a celebrar funeral diocesano del papa Francisco en Catedral
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