XnGI93FLa noticia de que el empresario musical Ángel del Villar, fundador de la disquera Del Records fue declarado culpable de 11 cargos federales por un jurado en Estados Unidos conmocionó al medio y está sentencia lo mantendrá 30 años en la cárcel.XnGI93F Omnia.com.mx
XnGI93FSe sabe que las acusaciones imputadas a Del Villar están relacionadas con la violación de la Ley Kingpin, una legislación diseñada para sancionar a individuos y empresas que colaboren, directa o indirectamente, con el crimen organizado y el narcotráfico, poniendo nuevamente bajo la lupa los vínculos entre la industria musical y las redes criminales. XnGI93F Omnia.com.mx
XnGI93FLas autoridades estadounidenses comentaron que Del Villar incurrió en violaciones sistemáticas a la Ley Kingpin, lo que resultó en 10 cargos por haber facilitado actividades comerciales con individuos previamente identificados como narcotraficantes.XnGI93F Omnia.com.mx
XnGI93FSeñalaron que uno de los eventos clave en la investigación ocurrió en abril de 2018, cuando un artista perteneciente a Del Records se presentó en un concierto organizado por Jesús Pérez Alvear, un promotor musical sancionado por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), involucrando también al cantante Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable de conspiración para violar la Ley Kingpin.XnGI93F Omnia.com.mx
XnGI93FCon información de la-guardia.com.mxXnGI93F Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.