SfgfgLxLa empresa TResearch International informó que, ayer, en nuestro país se registraron 59 homicidios dolosos; con esa cifra, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un acumulado de 14 mil 327 homicidios dolosos.SfgfgLx Omnia.com.mx
SfgfgLxDe esos 59 domicilios, 10 se registraron en Jalisco, que ocupó el primer lugar de la estadística nacional. SfgfgLx Omnia.com.mx
SfgfgLxEn segundo sitio, se colocó el Estado de México con 6 víctimas de este delito; y en una tercera posición Puebla, con 5 casos; mientras que Guanajuato, se ubicó en la cuarta posición con 4 asesinatos.SfgfgLx Omnia.com.mx
SfgfgLxLa empresa experta en estadísticas también dio a conocer que, antier, el número de asesinatos contabilizados fue de 59 y que, hace tres y cinco días, las cifras fueron de 61 y 63 respectivamente.SfgfgLx Omnia.com.mx
SfgfgLxCon ese acumulado, el promedio diario de homicidios dolosos para la presente Administración Federal, fue estimado en 77 casos. SfgfgLx Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.