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xFZra0cEl gobierno de Nueva Zelanda propuso el martes prohibir que menores de 16 años accedan a redes sociales, una medida que busca resguardarlos de los peligros en esas plataformas.xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cReguladores en todo el mundo debaten cómo salvaguardar a los niños en las redes ante la creciente presencia de contenidos violentos o alarmantes.xFZra0c Omnia.com.mx
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xFZra0cEl primer ministro Christopher Luxon propuso un conjunto de leyes para verificar que los usuarios tengan al menos 16 años para ingresar a plataformas sociales sopena de una multa a las empresas matrices de 2 millones de dólares neozelandeses (1.2 millones de dólares estadounidenses).xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cLa iniciativa se inspira en la normativa de Australia, que está a la vanguardia del esfuerzo mundial por regular las redes sociales.xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0c"Se trata de proteger a nuestros niños, se trata de asegurar que las empresas de redes sociales cumplen su papel en mantener la seguridad de nuestros niños", declaró Luxon.xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cLa iniciativa fue formulada por el Partido Nacional (centoderecha) de Luxon, la mayor bancada de la coalición tripartita de gobierno. xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cPara ser aprobada en el Parlamento requerirá del apoyo de los otros dos partidos de la coalición de Luxon.xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cAustralia aprobó en noviembre leyes que impiden a menores de 16 años acceder a redes sociales, una de las normas más severas del mundo sobre sitios populares como Facebook, Instagram y la red de microblogging X.xFZra0c Omnia.com.mx
xFZra0cLa medida generó el rechazo de las grandes firmas tecnológicas que criticaron las leyes como "apresuradas", "vagas" y "problemáticas".xFZra0c Omnia.com.mx
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xFZra0cCon información de: El economista.xFZra0c Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.