sNaZVJzOAXACA, Oax. (apro).- “¡Las oaxaqueñas vivimos un oscuro invierno! ¡Para nosotras no ha llegado la primavera oaxaqueña!”, afirmó la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad al dar a conocer que en el gobierno de Salomón Jara Cruz se han registrado 241 feminicidios en las ocho regiones de Oaxaca. sNaZVJz Omnia.com.mx
sNaZVJz“Nunca como ahora habíamos llegado a niveles de tanta crueldad ni saña en las agresiones contra mujeres, pero, además, nunca como ahora los perpetradores habían gozado de tanta impunidad y protección del Estado; incluso los vemos incrustados en las instituciones públicas, intocados a pesar de las múltiples denuncias realizadas en su contra”, puntualizó. sNaZVJz Omnia.com.mx
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sNaZVJzRecalcó que “Oaxaca atraviesa actualmente por una exacerbada crisis de derechos humanos en la que sobresale particularmente el incremento de agresiones y violencias hacia las mujeres y niñas”. sNaZVJz Omnia.com.mx
sNaZVJzY es que, desde la entrada de la administración de Salomón Jara Cruz, el 1 de diciembre del 2022 a la fecha, se han registrado 241 feminicidios en las ocho regiones de Oaxaca, de acuerdo con la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca. sNaZVJz Omnia.com.mx
sNaZVJzInsistieron en que para las mujeres la primavera oaxaqueña, lema del actual gobierno morenista, no ha llegado y para muestra, la cifra de 241 feminicidos en lo que va de su sexenio. sNaZVJz Omnia.com.mx
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sNaZVJzCon información de: Proceso.sNaZVJz Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.