mHn1xtZCIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR), está en total desacuerdo con la determinación emitida por la Juez Elizabeth Galicia García, del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán, mediante la cual dejó en libertad a Leslie “N”, apodada “La Güera”, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZDicha persona fue detenida en un cateo autorizado por el Centro Nacional Especializado en esa materia, realizado en un domicilio en Huandacareo, Michoacán, donde se localizaron diversas cantidades de metanfetamina, cocaína y marihuana. La detención se efectuó cuando la persona estaba huyendo a un domicilio contiguo al momento del cateo.mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZLa jueza antes mencionada dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Leslie “N” por los delitos que se le imputaron, ordenando indebidamente su libertad inmediata. mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZEsa libertad la dictó la jueza basándose en argumentos que son insubstanciales, como es el que los participantes difirieran en minutos o segundos respecto al momento en que ingresaron al domicilio objeto del cateo, o que no hay coincidencia en cuanto al número de ocasiones que el Ministerio Público Federal (MPF) tocó a la puerta del inmueble, cuando eso no se requiere ante la autorización judicial para ese cateo.mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZLa jueza utilizó argumentos vanos que de ningún modo pueden desvirtuar lo esencial: la persona fue detenida con base a un cateo en el que se encontraron sustancias y objetos que son totalmente ilícitos.mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZLa FGR procederá a impugnar legalmente esa determinación, a la vez que iniciará carpeta de investigación en contra de la jueza, ya que su resolución implica un desconocimiento de la legalidad y utilizó pretextos irrelevantes al dictar una resolución de fondo contraria a las actuaciones seguidas en el procedimiento, que le producen un daño a la seguridad de la nación en esta materia tan relevante, razón por la cual se considera que ha cometido delito contra la administración de justicia.mHn1xtZ Omnia.com.mx
mHn1xtZCon información de Proceso. mHn1xtZ Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.