La presidenta del PAN, Daniela Álvarez Hernández y la diputada federal, Rocío González Alonso, sostuvieron que las reglas que aprueba Morena son por los actos anticipados y el nepotismo de Andrea Chávez, quien puso en Licona a su hermano Gregorio Chávez y enfrenta como senadora denuncias por corrupción.
“Más bien yo lo catalogo como una lucha encarnizada, donde todos contra todos, justamente creo que los lineamientos de los que tú hablas se dan por el uso descarado del recurso público, porque hay que recordar el manotazo que dan en la mesa cuando al centro de toda esta discusión justamente se encontraba la senadora… la senadora tiene que explicar de dónde sacó el recurso para toda esa operación multimillonaria que ha traído a lo largo y a lo ancho del estado de Chihuahua”, dijo Daniela Álvarez,
Daniela Álvarez se refirió al hermano de Andrea Chávez, “más allá del nepotismo que sí existe y el tema aquí no es siempre ni el hermano, estamos hablando de Chihuahua, de un gran problema, que duele a los chihuahuenses, como es el problema con los lecheros, en donde el principal responsable de ese problema, es el hermano de la senadora, tengo que decirle a la senadora que se siente con su hermano y a ver, vamos a resolver esta problemática, ella es quien lo puso ahí, él está ahí justamente por ser el hermano de la senadora”, acotó.
“Si hay un tema de nepotismo y ella tiene que responder a la pregunta expresa, no le estamos preguntando por un actor o una otra persona del resto del país y sus relaciones familiares”, dijo al señalar que Andrea Chávez evade la pregunta y señala a Kenia López Rabadán.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre violencia política por razón de generó a través de una nota periodística cometido en contra de la candidata a ministra de la Corte. Olivia Aguirre Bonilla.
Se confirma la multa de 11, 314 pesos por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante la publicación de una nota, dirigida contra una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 3 de abril de 2025, además se debe ofrecer y publicar una disculpa pública, así como tomar un curso especializado en promoción y protección de los derechos de las mujeres y la correspondiente inscripción en el registro nacional (SRE-PSC-29/2025).
El caso se centró en una nota que, según la denunciante, utilizó expresiones y un contexto sexualizante, incluyendo fotografías editadas y estereotipos de género, para construir una narrativa dañina.
La Sala Superior confirmó que la sala responsable aplicó correctamente la metodología para determinar la infracción, en contra de la nota al construir una narrativa sexualizante y utilizar estereotipos de género, trascienden los límites de la protección de la libertad de expresión.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre violencia política por razón de generó a través de una nota periodística cometido en contra de la candidata a ministra de la Corte. Olivia Aguirre Bonilla.
Se confirma la multa de 11, 314 pesos por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante la publicación de una nota, dirigida contra una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 3 de abril de 2025, además se debe ofrecer y publicar una disculpa pública, así como tomar un curso especializado en promoción y protección de los derechos de las mujeres y la correspondiente inscripción en el registro nacional (SRE-PSC-29/2025).
El caso se centró en una nota que, según la denunciante, utilizó expresiones y un contexto sexualizante, incluyendo fotografías editadas y estereotipos de género, para construir una narrativa dañina.
La Sala Superior confirmó que la sala responsable aplicó correctamente la metodología para determinar la infracción, en contra de la nota al construir una narrativa sexualizante y utilizar estereotipos de género, trascienden los límites de la protección de la libertad de expresión.