RAwOpcgEn una gira por el sureste del país, Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo encuentros con ciudadanos, estudiantes, docentes y adultos mayores en Mérida y Cancún, como parte de su campaña enfocada en el diálogo directo con la ciudadanía.RAwOpcg Omnia.com.mx
RAwOpcgDurante su visita a la Universidad Marista de Mérida, Aguirre Bonilla compartió su visión de un Poder Judicial más accesible y comprometido con la realidad social. "Tenemos que dejar de hablarle al pueblo desde arriba. El Poder Judicial debe bajarse del pedestal y escuchar. Eso también es justicia", afirmó ante jóvenes universitarios. RAwOpcg Omnia.com.mx
RAwOpcgLa candidata también conversó con maestras y maestros jubilados, así como con decenas de personas en plazas públicas, quienes expresaron su sentir respecto a la justicia en México y valoraron el gesto de ser escuchados directamente.RAwOpcg Omnia.com.mx
RAwOpcg“Escuchar no es un acto simbólico. Es una herramienta poderosa para construir una justicia que sirva, que entienda y que responda", expresó Aguirre Bonilla. En su recorrido, subrayó que su candidatura no busca reflectores, sino un contacto real con la gente, con el objetivo de acercar la Suprema Corte a quienes pocas veces son tomados en cuenta.RAwOpcg Omnia.com.mx
RAwOpcgSu presencia en Yucatán y Quintana Roo marca una apuesta distinta: una campaña de calle, sin eventos masivos, basada en la escucha activa como base para transformar la justicia en el país.RAwOpcg Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.