eMYCbnnEl director ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha advertido este lunes que las verdaderas consecuencias de la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, aún no se han dejado sentir, recoge The Wall Street Journal.eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnn"Es una complacencia extraordinaria", afirmó Dimon, agregando que la última vez que el país aplicó aranceles del 10 % a todos sus socios comerciales fue en 1971.eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnnEl jefe de JP Morgan Chase señaló que cree que los mercados bursátiles podrían ceder alrededor de un 10 % a medida que las empresas rebajen sus estimaciones de beneficios y los inversores reevalúen el valor de las acciones estadounidenses. También advirtió sobre una contracción del crédito que podría atrapar a las empresas acostumbradas a la financiación fácil. eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnn"Los precios de los activos estadounidenses, sigo pensando que son un poco altos", indicó, al tiempo que añadió que "el crédito hoy en día es un mal riesgo".eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnnIncluso si los aranceles desencadenan una desaceleración económica mundial, Dimon también duda de que los bancos centrales sean necesariamente capaces de acudir al rescate. "Tenemos lo que considero bancos centrales casi complacientes que piensan que son omnipotentes", afirmó.eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnnLas declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales crecientes. Aunque Trump decretó una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles recíprocos para países en negociación, mantiene en vigor un gravamen general del 10 %.eMYCbnn Omnia.com.mx
eMYCbnnCon información de actualidad.rt.comeMYCbnn Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.