Acusados residentes de Texas presuntamente sobornaron a PEMEX para obtener contratos lucrativos

Hoy se hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas que acusa a dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal de México, y PEMEX Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de PEMEX.

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos $150,000 en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP para obtener y retener negocios de PEMEX y PEP para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre al menos 2019 y al menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con PEMEX y PEP. Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa compareció hoy ante el juez. Ávila se encuentra prófugo y continúa prófugo.

El FBI y el HSI investigan el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial en este caso.

Los abogados litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Brad Gray para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso.

La Sección de Fraude se encarga de investigar y procesar los asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA). Puede encontrar más información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para aplicar la FCPA y la FEPA en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.

Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp

La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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