Vinculan a los hijos de AMLO en presunta red de corrupción del “Cártel de la Limpieza”
La 4T se encuentra nuevamente bajo la lupa tras revelarse una presunta red de tráfico de influencias que involucra a “Bobby” y “Andy” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a un grupo empresarial denominado como el “Cártel de la Limpieza”.
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De acuerdo con información revelada por el periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna para El Universal, el negocio de la limpieza de oficinas, hospitales y escuelas gubernamentales representa un gasto anual estimado de 40 mil millones de pesos, operado bajo un esquema de “terciarización” (una especie de outsourcing) que ha beneficiado sistemáticamente al empresario José Juan Reyes Domínguez.
La conexión con los hijos de AMLO
El columnista apuntó a un presunto tráfico de influencias que llega hasta el círculo cercano del expresidente López Obrador.
Según Rodríguez Cortés, Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue compañero de escuela de José Juan Reyes Mote, hijo del líder del cártel y representante legal de varias de sus empresas.
El periodista afirmó que presuntamente “Bobby” presentó a los empresarios con su hermano Andrés “Andy” López Beltrán, facilitando la complicidad con funcionarios de alto nivel.
Entre los señalados de permitir estas prácticas se encuentra Jorge Trejo Bermúdez, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
El “modus operandi” del “Cártel de la Limpieza”
El columnista señaló que Reyes Domínguez utiliza un ejército de 60 mil empleados, la mayoría no contratados directamente por el gobierno, para dar servicio a diversas dependencias.
Sin embargo, Rodríguez Cortés expuso varias presuntas irregularidades:
- Creación de empresas “fantasma”: El empresario constituye nuevas razones sociales constantemente para simular competencia en las licitaciones.
- Evasión de seguridad social: Se reportó que no registra a la totalidad de sus trabajadores ante el IMSS, evadiendo aproximadamente 2 mil 400 pesos mensuales por empleado.
- Sustitución estratégica: Empresas con contratos vigentes como Armot o Retimar habrían sido reemplazadas por nuevas firmas como Ultra Nayaa Higienización, Slycom y La Magia sobre la Mesa, con el fin de eludir auditorías y requisitos legales.
Vinculan a los hijos de AMLO en presunta red de corrupción del “Cártel de la Limpieza”
“Bobby” y “Andy” López Beltrán nuevamente están bajo escrutinio por presuntamente favorecer a un empresario cercano a ellos
La 4T se encuentra nuevamente bajo la lupa tras revelarse una presunta red de tráfico de influencias que involucra a “Bobby” y “Andy” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a un grupo empresarial denominado como el “Cártel de la Limpieza”.
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De acuerdo con información revelada por el periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna para El Universal, el negocio de la limpieza de oficinas, hospitales y escuelas gubernamentales representa un gasto anual estimado de 40 mil millones de pesos, operado bajo un esquema de “terciarización” (una especie de outsourcing) que ha beneficiado sistemáticamente al empresario José Juan Reyes Domínguez.
La conexión con los hijos de AMLO
El columnista apuntó a un presunto tráfico de influencias que llega hasta el círculo cercano del expresidente López Obrador.
Según Rodríguez Cortés, Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue compañero de escuela de José Juan Reyes Mote, hijo del líder del cártel y representante legal de varias de sus empresas.
El periodista afirmó que presuntamente “Bobby” presentó a los empresarios con su hermano Andrés “Andy” López Beltrán, facilitando la complicidad con funcionarios de alto nivel.
Entre los señalados de permitir estas prácticas se encuentra Jorge Trejo Bermúdez, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
El “modus operandi” del “Cártel de la Limpieza”
El columnista señaló que Reyes Domínguez utiliza un ejército de 60 mil empleados, la mayoría no contratados directamente por el gobierno, para dar servicio a diversas dependencias.
Sin embargo, Rodríguez Cortés expuso varias presuntas irregularidades:
- Creación de empresas “fantasma”: El empresario constituye nuevas razones sociales constantemente para simular competencia en las licitaciones.
- Evasión de seguridad social: Se reportó que no registra a la totalidad de sus trabajadores ante el IMSS, evadiendo aproximadamente 2 mil 400 pesos mensuales por empleado.
- Sustitución estratégica: Empresas con contratos vigentes como Armot o Retimar habrían sido reemplazadas por nuevas firmas como Ultra Nayaa Higienización, Slycom y La Magia sobre la Mesa, con el fin de eludir auditorías y requisitos legales.
Contratos millonarios bajo sospecha
A pesar de que se han presentado denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los contratos siguen fluyendo hacia este grupo:
- Hacienda: Asignó recientemente un contrato a la empresa Slycom tras un proceso señalado por favoritismo.
- IMSS-Bienestar: Ha adjudicado asignaciones por más de 2 mil 200 millones de pesos en los últimos nueve meses.
- IMSS: Durante el periodo vacacional de Semana Santa, adjudicó una licitación que permite al grupo empresarial acumular casi 10 mil millones de pesos por servicios prestados en menos de un año.
Otras dependencias involucradas en estas contrataciones incluyen a las secretarías de Energía, Bienestar, Salud, Medio Ambiente, así como el ISSSTE, el Politécnico Nacional y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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