‘Andy’ López Beltrán oculta costo de credencialización para los 11 millones de afiliados a Morena
Bajo el argumento de que los gastos aún deben ser revisados por el Instituto Nacional Electoral (INE), Andrés Manuel López Beltrán mantiene en la opacidad el costo de producción y los contratos relacionados con la expedición de credenciales para los más de 11 millones de afiliados a Morena.
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A pesar de que la Ley General de Partidos Políticos obliga a las instituciones políticas a transparentar sus contratos de bienes y servicios, la Secretaría de Organización del Morena, cuyo titular es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó entregar la información solicitada por el portal La Silla Rota.
En respuesta a la solicitud de transparencia, Morena alegó que no puede revelar el monto invertido ni el número exacto de identificaciones expedidas hasta que concluya el proceso de fiscalización de ingresos y gastos.
“Los registros contables que reflejan dichos gastos son susceptibles de ajustes o adecuaciones derivadas de los requerimientos que formule la autoridad electoral”, argumentó el partido.
Megacampaña de afiliación
Desde diciembre de 2024, el partido guinda inició una campaña ambiciosa para fortalecer sus bases de cara a las elecciones intermedias.
Según Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, el movimiento ya superó su meta original de 10 millones, alcanzando los 11.5 millones de afiliados.
Para este proceso, el partido ha desplegado tecnología que incluye:
- Tablets para la captura de fotografía en sitio.
- Impresoras especializadas para credenciales en material PVC.
- Elementos de seguridad, códigos QR y folios únicos.
Así es la credencial de Morena
En el anverso viene el nombre y foto del afiliado, además de su lugar de residencia y código QR.
En el reverso, cada plástico porta la icónica frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador:
“Sólo el pueblo puede salvar al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación”.
Hasta el momento, se desconoce qué empresas fueron beneficiadas con los contratos para proveer estos insumos y cuál es el impacto total que esta logística ha tenido en las finanzas del partido que recibe la mayor cantidad de recursos públicos en el país.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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