Presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda casi se triplicó desde 2018
Para buscar y localizar a personas desaparecidas, ya sea con vida o no, desde 2018 se han creado instituciones que se han convertido en eje central para atender este flagelo, como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus delegaciones locales, la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y centros de resguardo e identificación humana.
También se ha avanzado en adquirir tecnología, como escáneres portátiles para conocer la identidad de miles de cuerpos y restos de personas que permanecen sin ser restituidos a sus familiares, según el reporte que el Estado mexicano envió al Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, en el marco del proceso que éste inició para solicitar que la situación del país sea tratada ante la Asamblea General.
La CNB fue creada en marzo de 2018 (aún bajo la gestión de Enrique Peña Nieto, en un contexto de crecimiento sostenido de las desapariciones en México), año en el que se le asignó un presupuesto de 468 millones de pesos, que casi se ha triplicado en 2026 al sumar mil 214 millones. Asimismo, para este año el subsidio a las comisiones locales es de 889 millones de pesos, para la adquisición de diversas tecnologías, herramientas y vehículos, entre otras necesidades.
Igualmente, la Comisión Nacional ha conformado una red de buscadores que, hasta junio de 2025, sumaban 143 expertos en disciplinas como criminología, criminalística, geofísica y ciencias forenses, distribuidos en las entidades federativas.
Como resultado de ello, aseguró el gobierno, se ha logrado incrementar significativamente el número de acciones en esta materia; del 1º de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, se realizaron 5 mil 730, con las que se lograron 438 localizaciones, la mayoría con vida.
Sobre la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ésta se creó en febrero de 2018. Durante 2024, según datos oficiales, logró la integración de 2 mil 144 registros de cadáveres y restos humanos en el Registro Forense Federal, así como la incorporación de mil 850 capturas en el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.
También ha contribuido al fortalecimiento de la Base Nacional de Información Genética, que alcanzó 78 mil 722 perfiles, con la incorporación de 9 mil 71 nuevos perfiles de familiares de personas desaparecidas en 2024, entre otras acciones como la publicación de protocolos.
Para la identificación forense, en mayo de 2022 se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, aunque hace dos años –en la administración de la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde–, fue disminuido al reducir la planilla de trabajadores. Actualmente, según el reporte del gobierno, realiza, entre otras, brigadas de entrevistas y toma de muestras genéticas, que se procesan con instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Guardia Nacional.
Un caso que ha sido reconocido es el Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, único en su tipo en Latinoamérica, ya que cuenta con un banco de datos genético que permite hacer cruces masivos de información entre todos los cuerpos localizados y las familias de personas desaparecidas, no sólo de ese estado.
Se han construido otros centros de resguardo o identificación en Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán.
La Jornada
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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