Despiden a Róyer Pérez, joven chiapaneco muerto en custodia de ICE; "no fue suicidio", familiares
Unas 200 personas entre familiares y vecinos enterraron este sábado los restos de un joven mexicano muerto bajo custodia migratoria estadounidense y denunciaron como injustas y "fabricadas" las acusaciones que llevaron a su detención y muerte.
Róyer Pérez Jiménez, de 19 años, originario del municipio indígena de San Juan Chamula, Chiapas, murió el 16 de marzo en un centro de detención del condado de Glades, Florida, operado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El sepelio ocurrió al cierre de una semana en que el gobierno mexicano calificó como "inaceptable" la muerte de sus ciudadanos bajo custodia estadounidense -con 14 casos desde enero de 2025- y anunció "acciones de protesta".
La familia recibió el cuerpo el jueves. Su tío Manuel Pérez recordó a Róyer como un "muchacho trabajador" que migró a los 15 años con ganas de "triunfar y ayudar a su familia".
Róyer fue detenido el 22 de enero a la salida de su trabajo, acusado de resistirse a la autoridad y de dar una identidad falsa. Su tío alega que se confundió pues no dominaba el inglés.
"Fue acusado injustamente como un delincuente (...) le fabricaron un delito", dijo a la AFP Pérez, quien expresó también las dudas de la familia sobre las circunstancias del deceso.
Según ICE, Róyer murió por un presunto suicidio, aunque "la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación".
La agencia informó que el joven estaba bajo su custodia desde el 21 de febrero, que al ingresar negó tener problemas de salud mental y que respondió "no" a todas las preguntas para detectar riesgo de suicidio.
Manuel Pérez señaló que el cuerpo presenta lesiones tanto en el omóplato como en la mano izquierda, lo que ha acrecentado las dudas de la familia.
"Lo que queremos es que se investigue a fondo porque lamentablemente consideramos que no fue suicidio la causa de muerte, sino que nosotros suponemos que probablemente haya sido un homicidio", agregó.
El lunes pasado, autoridades consulares mexicanas en California denunciaron que las muertes de sus ciudadanos no son casos aislados sino parte de una "alarmante e inaceptable tendencia" que refleja "fallas sistemáticas y posible negligencia" de las autoridades estadounidenses.
En lo que va de 2026, 14 migrantes de diversas nacionalidades han muerto bajo custodia del ICE, según boletines oficiales, en medio de la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.
Con información de: El economista.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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