Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por desaparición forzada; seguirá preso en El Altiplano
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Tras comparecer por videoconferencia desde el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de persona, en una resolución dictada este sábado por un juez de Control, quien además ratificó la prisión preventiva oficiosa en su contra.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) aseguraron que la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando datos de prueba para fortalecer la acusación.
La resolución se dio luego de que el pasado 31 de marzo el exfuncionario solicitara la ampliación del término constitucional, tras ser imputado por este delito en una nueva causa penal iniciada por la Fiscalía estatal.
En aquella diligencia, el imputado fue presentado ante un juez de Control y el Ministerio Público expuso los datos de prueba relacionados con la presunta desaparición forzada; sin embargo, la defensa pidió más tiempo para definir su situación jurídica, por lo que la audiencia se reanudó este sábado.
Bermúdez Requena, conocido como “comandante H” o “El Abuelo”, compareció por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra recluido desde septiembre pasado.
Nombrado secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, actual senador, el exfuncionario es señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.
Pese a los graves señalamientos en su contra a partir de informes de inteligencia militar dados a conocer en la prensa, que lo ubican como líder criminal en las modalidades de narcotráfico, secuestro y robo de combustible, Bermúdez Requena no ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
En el fuero común el ex jefe policíaco ya enfrenta otro proceso penal por los delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados.
Las fuentes consultadas no descartan que surjan nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena conforme avancen las investigaciones.
Con información de: Proceso.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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