EU revoca visados de varios ciudadanos iraníes vinculados al gobierno de Teherán
WASHINGTON (AP).- La administración Trump revocó las tarjetas de residencia o visas estadounidenses de al menos cuatro ciudadanos iraníes vinculados al gobierno iraní actual o anterior, incluidos dos que han sido detenidos por las autoridades de inmigración y serán deportados.
Las últimas medidas se tomaron esta misma semana, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que ya no cumplían los requisitos para obtener la residencia permanente legal ni para ingresar a Estados Unidos. Estas acciones se suman a la decisión tomada a finales del año pasado, en la que también se revocaron las visas de varios diplomáticos y miembros del personal de la misión de Irán ante las Naciones Unidas.
En un comunicado emitido el sábado, el Departamento de Estado informó que la sobrina y la sobrina nieta del exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, quien murió en un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad en 2020, fueron arrestadas el viernes por la noche por agentes de inmigración después de que Rubio les revocara sus tarjetas de residencia permanente.
“Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, decía el comunicado, añadiendo que al marido de Afshar también se le ha prohibido la entrada a Estados Unidos.
Según el comunicado, Afshar y su hija habían estado llevando un "estilo de vida lujoso" en Los Ángeles durante muchos años, mientras apoyaban públicamente al gobierno iraní y los ataques antiestadounidenses.
Rubio afirmó en una publicación en X que ella es "una ferviente defensora del régimen iraní que celebró los ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el 'Gran Satán'". "La administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses".
La misión iraní ante la ONU no hizo comentarios el sábado.
Afshar y su hija son solo las últimas iraníes a las que Rubio les ha revocado su estatus legal en Estados Unidos. Recientemente, Rubio también revocó las visas de Fatemeh Ardeshir-Larijani, académica e hija del exasesor de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, quien murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí el mes pasado. Su esposo, Seyed Kalantar Motamedi, también vio revocada su visa, según informó el Departamento de Estado. Ninguno de los dos permanece en Estados Unidos.
A principios de diciembre, mucho antes del aumento de las protestas antigubernamentales en Irán y del inicio de la guerra, el Departamento de Estado revocó o se negó a renovar los visados ??de varios diplomáticos iraníes, incluido el embajador adjunto, y de miembros del personal de la misión de Irán ante las Naciones Unidas.
El departamento declaró el viernes que se habían tomado medidas el 4 de diciembre, pero se negó a hacer más comentarios "por razones de privacidad y seguridad", salvo para señalar que no guardaban relación ni con las protestas ni con la guerra.
Con información de: Proceso.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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