Senado prevé ratificar a nuevo titular de la SRE y discutir ley sobre feminicidio esta semana

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que la Cámara Alta discutirá la próxima semana una agenda legislativa marcada por nombramientos clave y reformas relevantes, entre ellas la posible ratificación del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la legisladora, uno de los temas centrales será el análisis del nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como canciller, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Reforma sobre feminicidio y otros asuntos

Otro de los puntos que se prevé discutir en comisiones es la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

En la agenda también se contempla la ratificación del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como la autorización de una solicitud para permitir la salida de tropas mexicanas del territorio nacional, con fines de adiestramiento. 

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Temas económicos y fiscales en revisión

Durante la semana, el Senado informará al Pleno sobre la recepción de los Precriterios de Política Económica enviados por la Secretaría de Hacienda, los cuales servirán como base para la elaboración del Paquete Económico 2027.

Además, se prevé el análisis en comisiones de diversas minutas enviadas por la colegisladora, entre ellas la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

A esto se suman posibles reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como modificaciones al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 

Castillo Juárez precisó que la agenda prevista para la semana del 6 al 10 de abril podría ajustarse conforme avancen los trabajos legislativos.

 

 

Con información de: El economista.

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La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.


Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.


Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.


Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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