Conagua clausura tres obras irregulares en Centro y Cunduacán, Tabasco
Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizó tres acciones de clausura en obras por la ocupación irregular de zonas federales y la extracción ilícita de materiales pétreos, en los municipios de Centro y Cunduacán, Tabasco.
Específicamente se inhabilitaron establos irregulares en el río Carrizal en el sector Los Sauces, del ejido José María Pino Suárez, donde se detectó la construcción ilegal de estructuras de concreto y acero tipo chiqueros, en una superficie de 114.81 metros cuadrados de zona federal.
Esta obra fue clausurada de manera inmediata, debido a que el responsable no contaba con título de concesión para el uso de bienes nacionales ni con permiso de obra para construir en zona federal, indicó la Conagua.
Además, en la ranchería Lázaro Cárdenas, segunda sección, también en el municipio de Centro, se localizó y clausuró una operación de extracción de arena mediante una draga de succión.
En el lugar se encontraron dos excavadoras y una rampa de acceso construida tras la remoción del material natural del cauce, a lo cual se colocaron sellos de clausura para garantizar el cese de la actividad.
Respecto a la ranchería Cumuapa, primera sección, municipio de Cunduacán, se ejecutó una tercera clausura, donde se inhabilitó una draga de arrastre que extraía material pétreo y lo almacenaba en afloramientos dentro del cauce, sin contar con los títulos de concesión ni los permisos correspondientes.
Las acciones de clausura fueron realizadas por personal de inspección de la Subdirección de Administración del Agua, y derivaron de denuncias ciudadanas y operativos de vigilancia.
En cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua recordó que toda actividad de uso, aprovechamiento o construcción en cauces y zonas federales requiere de un título de concesión o permiso vigente emitido por esta autoridad.
La Jornada
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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