SSA realiza "análisis técnicos" tras muerte de cuatro personas que se inyectaron suero vitamínico
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En eco con la Fiscalía de Sonora (FGE), que informó ayer sobre la apertura de una carpeta de investigación por la muerte de cuatro personas que se habían inyectado sueros vitamínicos en una clínica privada de Hermosillo, la Secretaría de Salud federal indicó que está realizando "análisis técnicos" para determinar las causas de los fallecimientos y "descartar o confirmar" los riesgos asociados con las inyecciones.
Ayer, las autoridades sonorenses indicaron que realizaron un decomiso en la clínica y enviaron las sustancias a la Ciudad de México para ser analizadas.
"Se han iniciado las acciones para realizar los análisis histopatológicos de las muestras de tejido de las personas fallecidas, a través del servicio especializado de patología del sector público en el Estado de Sonora, con el propósito de determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los referidos sueros", indicó la Fiscalía estatal en un comunicado.
Las cuatro personas fallecidas se sometieron a los tratamientos conocidos como vitamin drip, que están de moda –aunque con controversias en el mundo médico– y consisten en inyectar cócteles de vitaminas y minerales al cuerpo como supuesto remedio contra el cansancio.
Con información de: Proceso.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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