México encubre crisis por desapariciones y tolera colusión criminal: obispo emérito de Saltillo
SALTILLO, Coah., (apro) .- El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, señaló que México se ha negado a enfrentar la grave crisis de las desapariciones y tampoco ha evitado la participación de autoridades con la delincuencia organiza, con lo cual contribuye a que continúe la violencia en el país y es lo que el Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU consideró para remitir el caso a la Asamblea General.
Luego de una misa en el Santuario de Guadalupe, el obispo emérito dijo que desde hace más de una década se documentaron los casos en el noreste del país, a tal grado que el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios debió dedicarse por completo a atender la problemática que llegaba desde el 2010 a la Diócesis de Saltillo, con familias buscando a sus seres queridos.
“Empezamos a conocer porque llegan las madres de los desaparecidos, y de distintas partes en el país; conocimos que tenían esa problemática que hasta ahora sigue ocurriendo. Nosotros desde el 2010 estamos en eso, empezamos con la desaparición forzada, porque el Fray Juan de Larios a eso se tuvo que dedicar porque cada día eran más abrumadoras las quejas de los padres de familia a quienes les habían desaparecido sus hijos. Ahora estamos igual”, puntualizó.
A la distancia, Vera López dijo que las autoridades, a quienes llamó “miserables”, continuaron haciendo negocios con la delincuencia y convirtiéndose en cómplices de los grupos criminales, quienes realizaban esta actividad delictiva y afectaba tanto a la población migrante como a miles de mexicanos.
“El padre Pedro Pantoja se dedicó a atender a los migrantes y empezamos a tener también correspondencia con las personas de Centroamérica que no sabían de sus seres queridos. Era cuando todavía se subían a los trenes y lo conocimos de viva voz”, señaló.
Otro indicador de la permisión de las autoridades para que la delincuencia realizará las desapariciones, entre muchos de los delitos que se cometen en la actualidad, es la cantidad de fosas clandestinas que se ubican en el país.
“El gobierno mexicano no ha enfrentado nunca, porque hay cómplices dentro de los gobiernos, la impunidad que dejan, pero también se acostumbraron a ganar el dinero sin trabajar. Es un descaro en el que ellos actúan y que obtienen ganancias”, afirmó.
Vera López, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y ahora en el Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, señaló que ambas organizaciones que representa siguen abordando el tema de la desaparición con patrones similares a los que operaron desde hace más de una década.
El religioso sostuvo que la corrupción provoca que no haya respeto a los derechos humanos, y que conforme pasa el tiempo las desapariciones continúan en el país, gracias a la participación de las autoridades con la delincuencia.
“Son unos haraganes y corruptos, que entran solamente por el cargo y lo que reciben de dinero. Es un asco. México debe dar la cara porque nosotros los estamos inculpando”, concluyó.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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