EFE.- Un grupo de manifestantes retiró este sábado la bandera emiratí y apedreó el edificio de la embajada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Damasco como protesta por la detención desde hace un año de un líder islamista sirio en Dubái.
El Ministerio de Exteriores emiratí condenó hoy en un comunicado "los disturbios, los intentos de vandalismo y los ataques contra su embajada y la residencia de su jefe de misión en Damasco", así como los "inaceptables insultos dirigidos contra los símbolos nacionales".
El país hizo hincapié en la necesidad de proteger las sedes diplomáticas e instó a Siria a "cumplir con sus obligaciones de seguridad respecto a la embajada y su personal, a investigar las circunstancias de estos ataques, a garantizar que no se repitan en el futuro y a adoptar todas las medidas legales necesarias para que los responsables rindan cuentas ante la justicia".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores sirio se limitó a decir que reafirma su posición "firme e inquebrantable" y de rechazo a "cualquier ataque o intento de atentar contra embajadas y sedes diplomáticas acreditadas" en el país árabe.
"En el marco del respeto al derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, el Ministerio destaca la importancia de ejercer este derecho de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, respetando plenamente el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad públicas, y absteniéndose de cualquier práctica que pueda comprometer la estabilidad o atentar contra embajadas y sedes diplomáticas acreditadas", dijo el departamento en un comunicado.
Sin embargo, ninguno de los dos países hicieron referencia a los motivos de estas protestas.
Desde hace dos días, los manifestantes realizan una sentada frente a la embajada emiratí en la capital siria exigiendo la liberación de Issam al Buwaydani, detenido durante meses sin cargos.
Al Buwaydani, conocido por su nombre de guerra Abu Hammam, fue detenido hace un año en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba dejar el país.
El militar asumió el liderazgo del grupo militante Yaish al Islam (Ejército del Islam) tras la muerte de su fundador, Zahran Alloush, en 2015, y ocupó tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre de 2024 un alto cargo en el Ministerio de Defensa de Siria.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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