Trabajos a contrarreloj: autoridades buscan estabilizar la mina en Sinaloa para rescatar a tres trabajadores atrapados a 10 días del derrumbe
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que los trabajos de este sábado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, se enfocaron en estabilizar la estructura del lugar para localizar a los trabajadores que permanecen atrapados tras el derrumbe del 25 de marzo.
A 10 días del incidente, tres mineros continúan dentro del sitio; sin embargo, los elementos que atienden la emergencia rescataron el 30 de marzo al trabajador Alejandro Cástulo Colín, quien fue trasladado a un hospital y valorado como estable.
Por medio de redes sociales, la CNPC informó el despliegue de 59 elementos del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de Defensa.
También indicó que la prioridad en las labores es la extracción de agua en la zona del derrumbe y seguir con el reforzamiento de la galería.
El gobierno federal informó que, entre las últimas labores, se instalaron tres kilómetros de cableado eléctrico para instalar bombas dedicadas a la extracción de agua.
De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, se completó la instalación de un tapón de crucero ubicado bajo la presa, con la finalidad de impedir el paso de materiales y asegurar la integridad de las galerías inferiores.
El 25 de marzo, alrededor de las 2:00 de la tarde, se registró un colapso en la mina Santa Fe. Según las autoridades, el derrumbe se originó por una filtración de líquidos tras una falla en una capa de impermeabilización.
En las labores de rescate participan elementos de la CNPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, así como del gobierno de Sinaloa.
Con información de: LatinUs.
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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