
La decisión del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de llevar la situación de este fenómeno en el país, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de este organismo, abre una oportunidad “histórica” de una cooperación más efectiva para combatir a la desaparición de personas, consideró el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), uno de los colectivos más grandes conformado por familiares y amigos de personas en esta condición.
Esa agrupación precisó que para el CED, el Estado mexicano ha hecho esfuerzos en acoger las recomendaciones emitidas e incluso ha remitido a otros Estados marco jurídico e institucional como ejemplo positivo, pero existe una responsabilidad estatal por la falta de resolución de casos y la impunidad que gozan los perpetradores.
Esto debido al continuo incremento de las desapariciones con 28 mil 880 personas desapariciones reportadas en el periodo del 1° de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, las más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se ha encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos y los cerca de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026, en comparación con 52 mil en el momento de la visita del CED en 2021 muestran que estos esfuerzos “han resultado insuficientes e ineficaces ante la magnitud de la realidad concreta”.
El colectivo señaló que para las familias de personas desaparecidas, someter la responsabilidad del Estado mexicano ante la Asamblea General abriría una ventana de oportunidad para construir estrategias novedosas para prevenir, perseguir y sancionar el delito, pero sobre todo de atender lo más importante y urgente para ellas: “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.
Las familias del movimiento indicaron que el año pasado sostuvieron una interlocución “respetuosa y propositiva” durante las mesas abiertas por la Secretaría de Gobernación, pero, aunque siguen apostando al diálogo y trabajo conjunto, también ven por una autoevaluación de los resultados “que siguen sin llegar, mientras no les tengamos de regreso en casa y cada día desaparezcan más personas, la deuda histórica y presente con las familias de personas desaparecidas estará vigente y en aumento”.
Reiteraron que mantienen abierta la invitación a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a mantener un encuentro de trabajo.
Asimismo exhortaron al Estado seguir con la apertura al escrutinio internacional, reconocer y aprovechar la campaña CED que se llevará a cabo a lo largo de 2026, celebrando el vigésimo aniversario de la Convención bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya.”
A la vez, pidieron retomar el diálogo para trabajar junto a las familias la mejor forma de atender la adaptación de las posibles medidas que emitirá la Asamblea General; y los pendientes de la construcción de una política pública acerca de las desapariciones. También, demandaron que se refuerce el compromiso y la voluntad política de priorizar el combate a las desapariciones en los tres órdenes de gobierno.
Subrayaron que si bien es relevante que el Estado identifique sus avances, también debe asumir las responsabilidades que implican sus acciones y omisiones institucionales en la búsqueda, investigación y procuración de justicia, ya que siguen sin dar resultados a pesar de los esfuerzos.
Con info de La Jornada