
El gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, fue captado abordando un jet privado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, la noche del miércoles después de que su equipo afirmara que se encontraba en Arizona para captar inversiones del sector de semiconductores.
El viaje de Armenta en días laborales se dio a conocer por el medio Etcétera, que también señaló que el morenista dejó de tener actividades públicas desde el lunes, día en el que voló de Puebla hacia Nueva Jersey.
De acuerdo con Flight Aware, página de rastreo de vuelos, Alejandro Armenta viajó en el avión con matrículo XA-IBC de la empresa Aero JL, durante la madrugada del lunes y el jet privado estuvo en Nueva Jersey durante tres días.
Los registros muestran que regresó a México la noche del 8 de octubre y aunque estaba programado para que llegara a Puebla, fue desviado al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, en Toluca.
El avión, modelo Larjet 60, tiene una capacidad para siete pasajeros y tiene un costo de tres mil 700 dólares por hora, según la página de Aero JL.
Tras señalamientos en redes de la falta de avistamientos públicos del gobernador desde el 6 de octubre, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, declaró a medios locales que Armenta se encontraba en Phoenix, Arizona, en una conferencia de semiconductores.
"Regresa esta semana con buenas noticias. Como siempre, ustedes conocen que él vendrá y está haciendo algunas gestiones para aquí en el estado. Y seguramente nos traerá buenas noticias, buenas sorpresas para los poblanos", dijo.
Después de que la revista Etcétera revelara y señalara que el gobernador morenista había salido del estado en avión privado y sin licencia, el gobierno de Puebla emitió un posicionamiento justificando el viaje de Alejandro Armenta a Estados Unidos con su familia.
"Se trasladó a Nueva Jersey en Estados Unidos, para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada. Para este traslado no se utilizaron recursos públicos", dice la publicación en redes sociales.
Asimismo, afirmaron que a la conferencia de semiconductores en Arizona acudió un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia de Puebla.
Con información de Latinus.


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
