José Jerí asume como presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

El Congreso de Perú destituyó hoy viernes 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad; asimismo, nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo.

José Jerí, un abogado de 38 años, tomó juramento del cargo a primera hora por un periodo que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará en abril elecciones generales.

Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.

Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra", afirmó el nuevo mandatario.

Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios, según el recuento final del Congreso, unas cien personas estallaron en júbilo frente a la sede del Congreso con una bandera de Perú, según un periodista de la agencia AFP.

"Cae Dina. Fuera pacto mafioso", decía uno de los carteles que sostenía uno de los manifestantes.

La mayoría parlamentaria había aprobado ayer jueves cuatro mociones de vacancia contra Dina Boluarte, invocando su "permanente incapacidad moral" para dirigir el ejecutivo.

"El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada", dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.

Boluarte rehusó presentarse ante el Congreso que la había citado la noche del jueves para que se defendiera en el juicio político.

Su abogado Juan Carlos Portugal alegó falta de garantías al "debido proceso" por el poco tiempo para preparar la defensa.

Dina Boluarte, sin apoyo y bajo escándalo en Perú

La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 80º período de sesiones, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)
La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 80º período de sesiones, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

Acechada por protestas y escándalos por presunta corrupción que siempre negó, Dina Boluarte no tenía margen para mantenerse en el cargo.

Durante su gestión, había podido tejer pactos burocráticos con las fuerzas conservadoras a cambio de que no votaran, hasta ahora, ningún pedido de vacancia.

Esto le permitió sobrevivir a varias investigaciones de la fiscalía que, sin embargo, mermaron a mínimos récord su popularidad.

"En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos (…) No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos", dijo hoy viernes Boluarte luego de su destitución, en un mensaje que fue interrumpido por el canal estatal.

Su gobernabilidad se deterioró en los últimos meses por la crisis de inseguridad y las protestas que la acorralaron desde distintos sectores.

Lima ha sido el foco del descontento.

En los últimos fines de semana, numerosos jóvenes liderados por el colectivo Generación Z protagonizaron manifestaciones en la ciudad, que se saldaron con decenas de heridos.

El lunes, la capital peruana quedó semiparalizada por una movilización de transportistas.

Y el jueves, horas antes de que se activase el proceso de destitución, unos sicarios hirieron a cuatro músicos y un vendedor durante un concierto en el sur de Lima.

Escándalos y procesos en Perú

Dina Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo.

La entonces vicepresidenta alcanzó el poder después del fallido intento del líder de izquierda de gobernar por decreto.

Su ascenso estuvo marcado por protestas que fueron reprimidas por la fuerza pública y dejaron medio centenar de muertos, según organismos de derechos humanos.

La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.

Con su destitución, Boluarte pierde su fuero y podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el parlamento.

Con información de Informador.mx 

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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores. 

Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…


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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;

II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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