
La Fiscalía de Perú ha solicitado este viernes la retirada del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte por 18 y 36 meses por dos casos de corrupción de las siete causas que tiene pendientes, una vez ha sido cesada por el Congreso.
El primero de ellos, por el que se pide 18 meses, trata sobre un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por intervenir en la designación de funcionarios en el Ministerio de Salud y en una serie de pagos para favorecer tercero que le habría realizado una serie de operaciones estéticas.
Por otro lado, la fiscalía especializada en delitos económicos ha solicitado que se le prohíba salir de Perú durante 36 meses por un presunto delito de lavado de activos en un caso que atañe al dirigente político prófugo Vladimir Cerrón, a quien le acusan de liderar una trama de contratación pública a cambio de sobornos.
Las autoridades han argumentado que ambas demandas están centradas en evitar un posible riesgo de fuga de la expresidenta, una posibilidad sobre la que se ha ido rumoreando en las últimas horas tras la moción de censura en su contra.
Rumores que ha negado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien ha afirmado en su cuenta de X que "ella está en su casa; ese fue y será su paradero". Asimismo, ha remarcado que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere.
"Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable", ha afeado el abogado de la expresidenta, que ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en desgracia de Pedro Castillo.
Ahora sin inmunidad, Boluarte habrá de responder a las siete causas que tiene abierta. Las más avanzadas son las relacionados con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 y e inicios del 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.
Con información de: El economista.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
