
Luego de que el columnista Alberto Aguilar dio a conocer, a través de su columna Nombres, nombres... y nombres, publicada en El Sol de México el pasado 28 de agosto, que la empresa OFI Store fue beneficiada por Capufe con diversos contratos sin tener experiencia, la compañía negó las acusaciones.
A través de una carta enviada a Político MX, Ricardo Guerrero, apoderado legal de OFI Store, aseguró que cuentan con más de 30 años de experiencia en soluciones de tecnología.
“Es falso que OFI Store carezca de experiencia o capacidad técnica en el ramo. La empresa es 100% mexicana y cuenta con más de 30 años de trayectoria especializada en soluciones de tecnología de la información, infraestructura, telecomunicaciones, seguridad electrónica y control operativo. Su primera relación contractual con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) data de septiembre de 2014, y desde entonces ha cumplido con los requisitos técnicos y administrativos, sin haber sido sancionada o inhabilitada por autoridad alguna”, se lee en el documento.
La empresa aclaró que las licitaciones que ganó la empresa, están justificadas porque su propuesta fue la más “solvente”.
“En el procedimiento de licitación referido y convocado por CAPUFE, la propuesta de OFI Store fue evaluada como técnica y económicamente solvente. Cuatro de las seis empresas participantes fueron descalificadas por presentar cotizaciones incompletas o partidas en ceros, lo que está expresamente prohibido en las bases (numeral 6.2.1 “Causas de Desechamiento”). Por ello, las comparaciones de precios difundidas carecen de validez técnica, ya que se realizaron contra propuestas no solventes".
OFI Store también negó que sea favorecida por supuestamente tener vínculos políticos.
“Resulta también falso y difamatorio insinuar que OFI Store fue favorecida por vínculos políticos. Su participación en procedimientos de contratación siempre se ha apegado estrictamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Jamás ha existido ninguna sanción o señalamiento por ninguna autoridad gubernamental en todos los procesos en los que ha participado. Mi representada siempre se ha conducido conforme a derecho bajo las más estrictas normas y políticas regulatorias vigentes”.
Con información de: Político.mx


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
