En Chiapas exigen políticas de protección y espacios seguros ante la violencia y desapariciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- En el marco del Día Internacional de la Niña, niñas y adolescentes trabajadoras, Melel Xojobal una asociación civil dedicada a la defensa y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia, especialmente la indígena, realizó una comparsa y acción cultural para exigir políticas públicas que garanticen su derecho a una vida libre de violencia, así como la creación de espacios seguros ante el creciente número de desapariciones en la región.
El evento tuvo como propósito promover la libre expresión y el reconocimiento de los derechos de las niñas y adolescentes, en un contexto que exige respuestas urgentes de las autoridades frente a la violencia de género, la discriminación y la desigualdad que enfrentan diariamente.
De acuerdo con datos recopilados de Melel Xojobal, de enero a septiembre de 2025, en San Cristóbal de Las Casas se emitieron 24 fichas de personas no localizadas o desaparecidas, de las cuales 18 corresponden a mujeres.
Las desapariciones se concentran en colonias como Nueva Jerusalén, Nueva Esperanza, 24 de Mayo, Lagos de María Eugenia, Los Alcanfores, Ciudad Real, Santa Cruz Almolonga, El Retiro, Cuxtitali y Fraccionamiento 5 de Mayo, entre otras.
A nivel estatal, las cifras son igualmente alarmantes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 343 niñas, niños y adolescentes desaparecieron en Chiapas durante el mismo periodo; de ellos, 74 (21.57%) continúan sin ser localizados.
Además, se documentaron 27 feminicidios, cinco de los cuales fueron cometidos contra menores de 17 años. Los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas.
Las organizadoras subrayaron que escuchar las voces y propuestas de niñas y adolescentes es esencial para construir comunidades seguras y promover procesos de paz. A través de actividades culturales como la música, la pintura y el juego, se busca abrir espacios de diálogo y participación donde puedan expresarse libremente.
Finalmente, las participantes invitaron a los medios de comunicación a dar cobertura a esta acción, destacando la importancia de visibilizar la realidad que enfrentan las niñas y adolescentes en Chiapas y la urgencia de implementar medidas efectivas de protección y prevención.
Con información de: Proceso.
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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