
MADRID (EUROPA PRESS) - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) anunció este miércoles la excarcelación de 18 periodistas y reporteros gráficos, detenidos en su mayoría en el marco de las protestas que estallaron en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La organización ha detallado en varias publicaciones en redes sociales que entre los excarcelados se encuentra Julio Balza, reportero gráfico del equipo de María Corina Machado, así como Gabriel González, que también forma parte del equipo de prensa de la opositora venezolana.
El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, confirmó en redes sociales que Balza y González fueron excarcelados tras permanecer entre rejas desde enero y junio de 2024, respectivamente.
Entre los nombres también se encuentra el exreportero del diario "Últimas Noticias" Ramón Centeno, detenido en febrero de 2022 mientras investigaba las redes de narcotráfico en el país, así como el exdirector del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, y el periodista Luis López, ambos detenidos durante las protestas.
También han sido excarcelados Roland Carreño, periodista y dirigente del opositor Voluntad Popular; Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado de Carabobo y articulista de "El Carabobeño"; así como Leandro Palmar y Salvador Cubillán, informador y camarógrafo, respectivamente, detenidos durante las protestas en la ciudad de Maracaibo.
De la misma forma, han salido de la cárcel el periodista y profesor universitario Carlos Marcano; el periodista Víctor Ugas; el periodista Carlos Julio Rojas, así como la periodista Nakary Ramos y su pareja, el camarógrafo Gianni González, ambos trabajadores en el portal de noticias Impacto Venezuela.
Si bien en un primer momento el sindicato había informado de la liberación de 14 trabajadores de la prensa, luego confirmó otras cuatro excarcelaciones, entre ellas la de Omario Castellanos, Ángel Godoy (redactor de Punto de Corte), Carlos Lesma (director de la emisora Señal 94.9 en Nueva Esparta) y Mario Chávez Cohen.
El sindicato estimaba que había un total de 24 periodistas, comunicadores y trabajadores del sector detenidos "ilegal y arbitrariamente" en las cárceles venezolanas.
Con información de: Proceso.


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
