Nueva York busca prohibir que policías locales apoyen en redadas migratorias de ICE

Tras los recientes disturbios provocados por protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, la Gobernadora del Estado, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca impedir que policías estatales colaboren en operativos migratorios impulsados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el nombre “Policías Locales, Delitos Locales”, Hochul propuso una iniciativa cuyo objetivo es evitar que agentes federales de inmigración soliciten el apoyo de fuerzas estatales para realizar redadas y movilizaciones vinculadas a las políticas antimigrantes del Mandatario. 

Esta norma, de ser aprobada, también prohibirá al ICE utilizar centros de detención locales para llevar a cabo operativos masivos contra la población del estado.

Según la Gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en "mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE".

"Durante el último año, los agentes federales de inmigración han llevado a cabo actos de violencia indescriptibles contra los estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos, y el uso de los agentes de policía locales como arma para hacer cumplir las leyes de inmigración civil, no se tolerarán en Nueva York", afirmó la Gobernadora demócrata.

Además, esta normativa busca recuperar la prohibición, revertida por el Gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto.

La propuesta de la gobernadora lo recupera y añade que tampoco puedan entrar en los hogares sin una orden judicial.

La legislación también brindará a los neoyorquinos "una vía clara" para demandar a los funcionarios federales cuando se violen sus derechos.

La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de Estados Unidos, celebró la propuesta por ser "un paso positivo para proteger a los inmigrantes neoyorquinos de la injusta extralimitación federal".

"Estas medidas refuerzan las protecciones constitucionales existentes que exigen una orden judicial para que el ICE pueda entrar en estos espacios", apuntó la organización.

El despliegue ordenado por Trump de los agentes federales en ciudades y estados, mayoritariamente demócratas, es uno de los mayores objetos de conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales y estatales.

Especialmente desde que dos personas perdieron la vida en Mineápolis, en el estado de Minnesota, este mes de enero tras recibir disparos por parte de agentes federales cuando protestaban contra el operativo. 

Con información de Informador.mx 

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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores. 

Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…


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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;

II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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