Trabajo forzado y esclavitud moderna: la cara oculta de los negocios canadienses en Cuba
Mientras el discurso del gobierno canadiense insiste en la defensa de los derechos humanos, sus empresas, inversiones, turismo y diplomacia contradicen esta narrativa, al actuar como el principal soporte del sistema cubano.
Un informe titulado “El continuo apoyo de Canadá al régimen totalitario de Cuba”, elaborado por Consorcio Justicia y difundido por Prisoners Defenders, revela que Canadá ha optado por una política de "normalización" del statu quo en la isla, priorizando los dividendos económicos sobre la libertad de un pueblo que se hunde entre apagones y la parálisis comercial.
En foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno del primer ministro Mark Carney, suele presentarse como un aliado de la libertad de asociación y los derechos civiles. Sin embargo, detrás del progresismo diplomático se esconden esquemas de trabajo forzado e irregularidades que van en contra de los principios democráticos que Ottawa dice defender.Canadá es más que un observador neutral; es el segundo mayor inversor directo en la isla y su principal emisor de turistas, con flujos que alcanzan el millón de visitantes anuales, de acuerdo con el documento.
Esta relación, mantenida de forma ininterrumpida desde 1945, ha permitido que Ottawa actúe con una "aceptación de Cuba tal y como es", validando los relatos oficiales del régimen sobre supuestos logros en salud y educación -lo que el informe califica como un "mito generalizado"- mientras ignora la represión sistemática de los derechos humanos.
Minería, tabaco y explotación
Una de las críticas más fuertes recae sobre la posible complicidad del sector empresarial canadiense en violaciones laborales. El informe destaca el caso de la minería, donde gigantes como Sherritt International operan en empresas conjuntas con el Estado cubano. Bajo el marco del artículo 176 del Código Penal cubano, el personal de la isla contratado para estos proyectos es sometido a un régimen coercitivo.
Los trabajadores cubanos en Canadá, a pesar de generar ingresos de mercado cercanos a los 100 mil dólares canadienses, son obligados a transferir entre el 80% y el 90% de su salario a cuentas del gobierno cubano. Esta práctica, realizada bajo la amenaza constante de repatriación y castigos penales, ha sido denunciada por la ONU y el Parlamento Europeo como una forma de trabajo forzoso y esclavitud moderna.
Además se reporta que estos empleados son forzados a participar en reuniones políticas en territorio canadiense, lo que plantea graves cuestionamientos sobre la diligencia debida de las autoridades laborales, fiscales y de inmigración de Canadá.
“No hay pruebas de que las empresas tengan conocimiento de ninguna de estas medidas adoptadas por el gobierno cubano, pero es imprescindible llevar a cabo una investigación exhaustiva y seria al respecto”, subrayó Consorcio Justicia.
En cuanto a la industria del tabaco, Canadá importa millones de puros cubanos anualmente -por un valor superior a los 7 millones de dólares-, a pesar de las pruebas que vinculan la producción de marcas como Cohiba con el trabajo forzoso en prisiones.
Con info de Proceso
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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